RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES

Acemsa paga 160.000 euros de más por miedo a que Ciudadanos llevase al Gobierno al Juzgado

Acemsa paga 160.000 euros de más por miedo a que Ciudadanos llevase al Gobierno al Juzgado
Vivas y Adela Nieto, con la líder de Ciudadanos, Karima Aomar.
Vivas y Adela Nieto, con la líder de Ciudadanos, Karima Aomar.  

La empresa pública presenta como un "éxito" rebajar de 2,1 a 1,77 millones la cantidad que hubiese tenido que pagar a ACC por facturas "correctas" de servicios prestados entre noviembre de 2016 y junio de 2017 que el PP no quiso saldar extrajudicialmente por 1,6 después de que Cs amenazase a Vivas con llevarle a los Tribunales por esa práctica continuada de cada viernes.


Hasta que Ciudadanos dijo que al próximo reconocimiento extrajudicial de deudas se las vería con la Justicia el Gobierno de Vivas usaba ese procedimiento casi un viernes sí y otro también para ajustar por las buenas facturas añejas contraídas por la prestación de servicios sin contrato, sin consignación y otras desviaciones de la norma. Pero la formación naranja alzó el brazo y el PP cerró el grifo. Paradoja: desde entonces quien quiera cobrar tiene que ir precisamente al Juzgado aunque allí se multiplicasen gastos y hasta un 30% extra de lo reclamado se acabe yendo por aquí y por allá en minutas, costas, intereses...

Este martes se ha cerrado un ejemplo perfecto de cómo la vía del reconocimiento extrajudicial dio a luz otra fórmula más cara igualmente sufragada con dinero público: el 'reconocimiento judicial', una suerte en la que a la parte privada le toca poner sus deudas en manos de la Justicia y a la Administración, dejarse perder. Partido amañado, el final es feliz para más porque paga el mismo a más bolsillos, ya no solo la contratista sino también abogados y otros satélites.

ACC no cobró de la Ciudad los trabajos realizados entre noviembre de 2016 y junio del año pasado en las redes de saneamiento. En total, 1,6 millones de euros. Acemsa pidió un informe a un abogado que le dio tres salidas: una, el reconocimiento extrajudicial (el principal más casi 44.000 euros de abogados), desestimada "por las órdenes expresas otorgadas para no atender ninguna reclamación que no venga acompañada de una resolución judicial obligando a realizar el pago".

Otra, la pelea judicial, orillada igualmente porque se intuía que derivaría en "miles de euros" de añadido innecesario. La tercera, metaliteratura casi, "negociar la satisfacción extraprocesal del objeto litigioso en el seno del procedimiento judicial con la consiguiente resolución judicial".

El nudo, según un letrado interviniente, quedó así: "La negociación consistió en pagar expresamente que la demanda monitoria no sería contestada por escrito, dejando transcurrir el plazo de 20 días otorgado a Acemsa para oponerse a la demanda, con el consiguiente compromiso por las partes: por un lado, ACC adquirió el compromiso de no ejecutar judicialmente la resolución judicial y por otra Acemsa de abonar íntegramente las cantidades adeudadas en 2018, así como los honorarios del letrado y procurador".

Este martes, la empresa pública ha presentado como un éxito haber saldado el caso sin ofender a Ciudadanos por 160.000 euros de dinero público. Al final se van a pagar 1,8 millones (1,6 de principal, 108.773 de intereses de demora y 84.575 de abogados y procurador).

El Gobierno desestimó el reconocimiento extrajudicial, como litigar, y optó por "negociar la satisfacción extraprocesal del objeto litigioso en el seno del procedimiento judicial con la consiguiente resolución judicial"

¿Éxito? Juan Luis Aróstegui, de Caballas, ha preguntado a los responsables de Acemsa por qué no pelearon en el Juzgado. "Porque las facturas eran correctas". También por qué no, entonces, se plegaron antes. "Porque Ciudadanos amenazó con demandas". El representante de la formación naranja ha alegado que su partido se niega al reconocimiento extrajudicial como norma, no como excepción cuando es claro y justo que hay que pagar el trabajo realizado para la Administración.

Como fuera, Acemsa presume de resultado porque, si el monitorio hubiese llegado a buen puerto sin "negociación" hubiese conllevado el pago de los 1,6 millones reclamados "más 484.976 euros en concepto de intereses y costas de ejecución". En realidad los intereses se han cifrado en 98.000 euros largos y las costas de letrados, en 61.230. Al final: ¿hemos ahorrado 325.381,50 euros (la diferencia entre la ejecución de títulos judiciales y lo abonado realmente) o hemos tirado unos 160.000?.