Las restricciones al movimiento por territorio nacional que impone el Ministerio del Interior a los peticionarios de protección internacional en Ceuta y Melilla que ven admitidas a trámite sus peticiones, reiteradamente rechazadas por los Tribunales, no són óbice para que el Gobierno central socialista mantenga que la Oficina de Asilo y Refugio "instruye los expedientes en ambas ciudades autónomas, como no puede ser de otra manera, con las mismas garantías que en el resto del territorio nacional".

"En todo momento se cumple con la legalidad vigente", ha añadido el Ejecutivo de la Nación en su escueta respuesta a la batería de preguntas por escrito que, sobre esa forma de gestión repetidamente cuestionada también por CEAR o el Defensor del Pueblo, le planteó en mayo el diputado Jon Iñarritu (EH-Bildu).

"El Gobierno miente en sus respuestas sobre la tramitación de las solilcitudes de asilo que se realizan en Ceuta y Melilla y la peculiar 'tarjeta roja' que impide salir de ambas ciudades a los solicitantes", ha lamentado este domingo el parlamentario vasco.

El Gobierno del PSOE ha hecho oídos sordos a muchas de sus preguntas concretas, como si "es consciente" de la veintena de resoluciones judiciales en contra que ha recibido el rechazo a circular por el territorio nacional a los solicitantes de asilo con sus peticiones en trámite o si "tiene intención" de acatar el "criterio reiterado" de los órganos judiciales.

Tampoco ha precisado cuántas peticiones para trasladarse a la Península de peticionarios de asilo ha aceptado o rechazado desde la primera sentencia en contra, que data de 2010, o si piensa "garantizar el respeto del derecho a la libre circulación por el todo el territorio nacional" o no.

En 2018, 348 (de 2.968 llegados al CETI) pidieron protección internacional en Ceuta pese a que al hacerlo, tanto en frontera como en territorio, vieron limitada su libertad de movimientos debido a la inclusión en el documento que les acredita como solicitantes de asilo de la frase 'Válido solo en Ceuta/Melilla'.

Esa traba ha hecho que durante los últimos años casi ningún migrante de origen subsahariano haya pedido protección internacional para, renunciando a ese posible derecho, no ver retrasado su traslado ordinario a la Península.

El Servicio Jurídico de CEAR presentó 54 recursos de alzada contra la inscripción y 19 contenciosos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, para garantizar el traslado a la Península de las personas solicitantes de protección internacional de manera inmediata, junto con estos recursos judiciales se formularon siete medidas cautelares que fueron estimadas en todos los casos.