El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha denunciado este lunes a última hora de la tarde que el Gobierno de Vivas, "el mismo que la semana pasada presumía de haber cerrado 2018 con un superávit de 11 millones de euros", está "desahuciando" a diario a "decenas" de familias aplicando "una interpretación maldita e irregular del Reglamento de Alojamiento Alternativo".

El texto aprobado hace algo más de seis años establece que "en ningún caso, la ayuda al alquiler, podrá ser otorgado para una misma unidad de convivencia debidamente reconocida [...] por un período que supere, sumando la duración de todas las prórrogas, las 60 mensualidades", esto es, cinco años.

"Hemos propuesto modificar ese Reglamento pero este Gobierno no solo echa a la calle a esas familias sino que además ha propuesto reducir todavía más el plazo límite, a tres años", ha criticado Ali, "de forma insensible con las personas que carecen de recursos". La coalición es partidaria de reformar el Reglamento, pero para "garantizar a todas las familias un techo y una alternativa habitacional".

Los localistas consideran que "la realidad social nos muestra que esos límites temporales distan mucho de ser justo y apropiado porque ni el paro disminuye, ni conseguimos reducir los niveles de pobreza, ni logramos reducir el precio de los alquileres, ni construimos viviendas públicas para atender la demanda existente".

La propuesta del PP es radicalmente contraria. El nuevo Reglamento elaborado por la Consejería aboga por reducir de 60 a 36 meses el máximo durante el que se puedan percibir ayudas al alquiler, rebaja de 700 a 600 la cuantía máxima de la renta de la vivienda [con las del Plan del Estado, sin embargo, la elevó a 900], fija en 6.000 euros (2.000 menos) el valor máximo del coche de la unidad familiar beneficiaria y reduce a 350 euros mensuales su cuantía máxima.

El PP dice querer “garantizar de forma rápida y adecuada la cobertura de la necesidad básica de alojamiento en situaciones de urgencia” pero también que ello sea el “punto de partida de un proceso dirigido a la normalización social”. El consejero de Fomento, por ejemplo, clamó a finales del año pasado contra "un segmento importante de la ciudad que acude a pedir ayudas con móviles de mil euros, ropa y coches caros”.