El diputado de Caballas en la Asamblea Juan Luis Aróstegui instará el lunes en la Sesión Plenaria Ordinaria que acogerá la Cámara autonómica al Gobierno del PP a "que explique la situación administrativa en que se encuentra el expediente" del Polígono Industrial de Loma Margarita "y las razones que han motivado sus actuaciones hasta la fecha".

El de Loma Margarita es un asunto que descansa en la nevera gubernamental desde la legislatura antepasada, cuando, en marzo de 2007, un par de meses antes de las elecciones, el Ejecutivo sacó a concurso la enajenación de 5.500 metros cuadrados de superficie.

Casi un año después, el 8 de febrero de 2008, el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma (BOCCE) publicó el resultado del proceso abierto: tres terrenos (de 500 metros cada uno y dos plantas de edificabilidad) para 'Ceuta Alimenta', otros tantos para Luca Guetti, dos más para 'Construcciones Jomasa' y uno para 'Interiores Ceuta', 'Ecoceuta S.L.', Mohamed Hamed Ayad y 'Noor y Mohamed S.L.', respectivamente. Carlos Vivo Báez, 'Industrial Comercial Caballa, S.A.' y 'Flooring Ceuta, S.L.' se quedaron sin ninguna.

A sus manos fueron a parar las doce fincas enajenadas de acuerdo con la parcelación efectuada por la Administración local tras un "procedimiento restringido mediante subasta" en el que cada una de esas sociedades puso sobre la mesa entre 166.000 y 366.000 euros.

"El pliego de cláusulas administrativas particulares que regía los contratos contemplaba en su artículo 24 las obligaciones de los contratistas", recuerda el argumentario de la interpelación de Aróstegui, cuyo conocimiento ha levantado polvareda en algunos despachos oficiales. Entre esos deberes se incluyen los plazos “improrrogables” que debían cumplir los adjudicatarios: un año para solicitar la licencia (a partir de la escritura pública), seis meses para iniciar las obras (a partir del otorgamiento de la licencia), y quince días para iniciar la actividad (desde el otorgamiento de la licencia de apertura).

"Así mismo", relata la iniciativa del localista, "el pliego obligaba al cumplimiento de la inversión y de los puestos de trabajo en los términos que figuraban en las ofertas, cuyo incumplimiento faculta a la Administración para la resolución del contrato". A pesar del tiempo transcurrido, las industrias previstas no se han implantado y no se conocen más actuaciones por parte del Gobierno en orden a lograr el fin pretendido.