El informe también vigilaría "la pretensión de ordenación orgánica del territorio ocupado y afectado a intereses de la defensa nacional". Algo que para el delegado es "tan evidente y tan claro" que ni el PP realizó ninguno de esos cambios "que ahora consideran como fundamentales para Ceuta" en los años de gobierno popular.
Una nueva Ley del Suelo que para el delegado vuelve a "dejar solo" al Partido Popular, y que introduce "transparencia en un mercado tan necesario de ella" y que establece una nueva calificación del régimen jurídico del suelo con el objetivo "por lo visto no digno del apoyo del Grupo Popular" de producir ciudades sostenibles y un precio del suelo más asequibles.
García Arreciado mantiene que la única tutela que el Gobierno mantendrá sobre el urbanismo ceutí es un informe no vinculante sobre los planes especiales y parciales, salvo en las cuestiones explicadas anteriormente. Para el delegado, la cautela sobre la legalidad es "lógica" viendo "los antecedentes de otros Gobiernos" que ha tenido la ciudad. El Estado actuaría sobre Ceuta como segunda instancia, tal y como sucede en la relación entre comunidades y municipios.