DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD

La Asamblea buscará actualizar el Estatuto para dejar de ser "la excepción en todo"

La Asamblea buscará actualizar el Estatuto para dejar de ser "la excepción en todo"
Carreira y Aróstegui, este jueves, en el Pleno.
Carreira y Aróstegui, este jueves, en el Pleno.  

El Pleno de la Asamblea ha acordado este jueves dar luz verde a una propuesta de Caballas con la abstención del MDyC y Ciudadanos y el apoyo del PP y el PSOE para buscar “consensos políticos ” que, “con la participación de las entidades sociales”, sirvan para “modificar el Estatuto de Autonomía de 1995 recogiendo al menos una clarificación del régimen de autogobierno; una delimitación clara y precisa de las competencias; los elementos esenciales de nuestro REF especial; la consideración de servicio público de la línea marítima del Estrecho y las peculiaridades relativas a la condición de ciudad fronteriza”.

“Pese a los continuos esfuerzos de PP y PSOE para darnos apariencia de normalidad y de similitud a otras autonomías, lo único cierto es que desde 1995 estamos instalados en una indefinición institucional de efectos tremendamente negativos que nos hace ser la excepción en todo: nadie sabe a ciencia cierta lo que somos”, ha lamentado el diputado localista.

Aróstegui ha abundado en la necesidad de elaborar “un Estatuto de Autonomía del siglo XXI” que, aparcada la Transitoria V y la posibilidad de llegar a ser Comunidad Autónoma, una aspiración que Caballas da por “utópica” actualmente, permita a la ciudad dejar de ser vista de forma continua como “la excepción” en España. Carreira ha agradecido la apelación del localista: “Siempre le he visto buscando consensos básicos en asuntos fundamentales y es muy de agradecer porque estamos completamente de acuerdo y vamos a intentar promover las iniciativas necesarias para que este acuerdo pase de aquí”, ha destacado.

Ambos políticos han coincidido en que es “mejor que se aclaren” muchos de los temas que son objeto de permanente disputa política o judicial. “Nosotros creemos que el Estatuto tiene desarrollo pero si es conveniente una redacción nueva, hagámoslo, mejorémoslo”, ha dicho Carreira, que también ha ofrecido a la coalición incluir en el articulado de una hipotética nueva Ley Orgánica el obligado “respeto y promoción de nuestra diversidad cultural”.

El PP ha hecho naufragar la otra iniciativa de Caballas, con la que la coalición aspiraba a “promover una ofensiva institucional que lidere una movilización social reivindicativa para exigir al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales la aplicación, con carácter de urgencia, de políticas especificas para Ceuta que permitan a superar nuestros déficits estructurales históricos en materia de vivienda, educación y empleo, así como la recuperación del carácter público de la línea marítima del Estrecho y la solución a los problemas de la frontera”.

Aróstegui ha puesto de relieve con firmeza las bondades y los efectos, histórica y científicamente probados en casos como el de la subida como el IPC de las pensiones que Rajoy descartaba hace unos días, de la movilización social, de no ser “tan prudentes, una forma de operar que la realidad ha demostrado que no es eficaz”. “No se trata de convocar una huelga general ni de prenderle fuego a nada sino de decir que estamos hartos y en todo el mundo es sabido que la gente en la calle mueve y consigue resultados”, ha advertido

Carreira ha justificado el “no” del PP en que “nosotros la ofensiva, llámele como quiera, la mantenemos desde hace mucho tiempo” y alertó de que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 “todavía no están aprobados y nuestra capacidad de influencia no está agotada”.

Tampoco Ciudadanos ha conseguido el respaldo necesario para “exigir al Gobierno de España un ejercicio responsable de las competencias que tiene atribuidas sobre Ceuta” a la vista de los déficits que, por mala gestión o falta de inversión, ha señalado Javier Varga durante su exposición en ámbitos como Educación, Sanidad o Interior.

El también consejero ha rebatido las presuntas disfunciones existentes entre la Administración General del Estado y la autonómica porque, a ojos del PP, su redacción era “demasiado ramplona” cuando la óptica adecuada desde su punto de vista no es la de los cálculos “matemáticos” sino la de “estar todos de la mano para que en cada momento, quien tenga mejor disponibilidad, haga las cosas”.