Búscome considera “elevada” la dieta por asistir a los plenos y pide una regulación nueva


Búscome considera “elevada” la dieta por asistir a los plenos y pide una regulación nueva

- La Asociación considera necesario una nueva regulación del salario de los diputados de la Asamblea, que pasaría por ejemplo por hacer públicas sus agendas

- Otra de las propuestas es impedir que puedan trabajar "en un puesto gestionado por la institución a la que representan" o eliminar el cobro si no hay dedicación exclusiva

Búscome considera como “elevada” la cantidad que se cobra por asistir a los Plenos, “cuando en otros sitios no se ingresa nada o se gana el sueldo mínimo interprofesional. Hoy en día existe un concepto equivocado de las personas que se dedican a la política, puesto que ésta nunca debe de ser un trabajo y sí un servicio a la sociedad. El problema está cuando existen representantes públicos que lo único que perciben es la asignación al Pleno o cuando éstos tienen que renunciar a sus puestos de trabajo por incompatibilidad, en comparación con quienes tienen hasta tres sueldos porque provienen de otras Administraciones”, recalca Búscome.

En la asociación que lidera Sandra López Cantero se tiene la impresión de “que la gente no sabe apreciar el trabajo de los diputados porque éstos no saben transmitir sus funciones, sus agendas no son públicas, no sabemos sus horarios ni el tiempo que se dedican a visitar las barriadas, atender a la ciudanía, revisar expedientes, fiscalizar al Gobierno o hacer propuestas y enmendar documentos y programas en beneficio de la sociedad ceutí. Desde la calle se da la impresión de que existen cargos electos que únicamente asisten a los Plenos y esto no es legítimo ni razonable para percibir la cantidad que reciben en euros”, detalla la entidad.

“Independientemente de que cada diputado o diputada entregue parte o la totalidad de su asignación por asistencia a los Plenos al partido al que pertenece, no es una justificación lógica, entendible y razonada para la ciudadanía, sobre todo para quienes viven en el umbral de la exclusión. Es por eso que, desde Búscome pensamos que esta asignación debería ser regulada de alguna manera incluso eliminada, salvo para quienes tengan una dedicación exclusiva, real y transparente. En este caso, a pesar de no estar cotizando a la Seguridad Social porque así lo han querido voluntariamente, se tendría que incluir en el Código Ético que no podrán recibir, además de regalos y trato de favor, ningún trabajo gestionado por la Institución a la que representan. Tampoco ayudas de la Asamblea relacionadas con viviendas de Protección Oficial o ayudas de alquiler, entre otras cosas”, ha proseguido en su opinión Buscome.

“Sólo así podrá existir una conexión directa y coherente con la sociedad, se podrá presumir de honradez y ejemplaridad, y se evitarían los ataques injustificados hacia quienes participan de un sistema que es legal. La ética y la moralidad de cada persona es subjetiva, por eso es necesario regularla cuando son cargos públicos, a través de un Reglamento aprobado por la Asamblea. Dentro de este Reglamento también es necesario detallar que la renuncia nunca iría relacionada con la pérdida de derechos”, recalca Búscome.

Por último, “consideramos que es importante rechazar una serie de privilegios como coches oficiales, móviles cooperativos donde no se rinden luego esas facturas, dietas y así hasta una serie de consideraciones que no tienen la gente que no se dedica a la política. Es imposible defender la naturalidad y la legitimidad de ser unos ciudadanos ordinarios con acceso a los mismos derechos, a la hora de suscribirse a determinados programas, y luego contradecir estos argumentos en el mismo momento en el que se aceptan estos privilegios. Tampoco vemos ético que a pesar de no asistir a una Asamblea, aunque la falta sea justificada, se siga cobrando la asignación en tanto y cuando no es un trabajo, no se cotiza a la Seguridad Social y el concepto de baja aquí no existe. Mientras, en otros trabajo, a las personas que se acogen a una baja le descuentan por enfermedad”.

En definitiva la asociación cree que: “sólo para volver la honradez a la política, para apostar por la confianza en la misma, y para que la fiscalización sea razonada y justificada, sin caer en los ataques personales y los insultos, se necesita un auténtico Código Ético de obligado cumplimento y no un ejercicio de intenciones”.