Caballas aboga por no exigir más de un 50% de su pensión a ningún beneficiario de plaza residencial


Caballas aboga por no exigir más de un 50% de su pensión a ningún beneficiario de plaza residencial

- La coalición propone un sistema de tramos que eximiría a quienes ingresan menos de 600 euros al mes

- Ali apuesta por concretar los supuestos de emergencia y porque la Administración quede obligada a resolver, no admitiéndose como negativo su silencio

Caballas ha presentado este jueves en rueda de prensa las alegaciones que ha formulado al proyecto de Reglamento Regulador del Régimen de Acceso a las plazas en los Centros Residenciales de atención a las personas mayores que existen, tanto públicos como concertados, en la ciudad. Entre las propuestas de la coalición está una que aboga por limitar a un máximo del 50% de la pensión la aportación que deba hacer cualquier beneficiario.

Si hasta ahora la exigencia puede llegar "hasta el 80%" de los ingresos, los localistas abogan por establecer un sistema de tramos que exima a quienes cobran menos de 600 mensuales. A partir de ahí, entre 600 y 800 euros se abonaría un 10%; un 20% para los que ingresen entre 800 y mil; un 30% si la pensión oscila entre mil y 1.500 euros; un 40% para los que no llegan a 2.000 euros y un 50% para quienes superen esa cifra.

Según ha explicado Mohamed Ali durante su comparecencia junto a Aróstegui y Haidor, las "disfunciones" existentes en Estadística en forma de altas y bajas inexplicables en el Padrón harían necesario "atender al Padrón histórico y no a una permanencia continuada de dos años previos en el mismo como requisito inexcusable".

Caballas también quiere que la exigencia de haber cumplido 65 años se haga compatible con "ser jubilado" aunque no se alcance esa edad.

Igualmente, la coalición propone que se fije un plazo máximo de un mes para que Asuntos Sociales valore las solicitudes y otro de dos para resolver, no considerándose automáticamente el silencio como respuesta negativa. Para finalizar, la coalición considera que el texto elaborado por el Gobierno "no concreta los supuestos de emergencia, que se dejan de una forma excesivamente abstracta".

El Ejecutivo local pretende con la aprobación de este Reglamento “homogeneizar la recogida de información para una valoración más exacta y objetiva de las circunstancias de los solicitantes, dotando así de claridad, objetividad y eficacia al procedimiento”. En paralelo, se quiere “ahondar en todos aquellos aspectos que la experiencia ha demostrado como fundamentales para la consecución de una mejor calidad de vida de esta población, objetivo básico, entre otros, de los Servicios Sociales”.

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