La imparable degradación de la relación entre la Ciudad y su adjudicataria del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos, Trace, sigue avanzando sobre una relación sostenida solo por la negativa de ambas partes a perder (pagar) millones de euros a la otra.

Este miércoles ha sido el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, el que se ha mostrado estupefacto porque el Ejecutivo de Vivas haya estado "toda la legislatura", hasta hace pocos meses, defendiendo que la concesionaria trabajaba a plena satisfacción y rendimiento y ahora "hemos constatado que hay abiertos 14 expedientes sancionadores a Trace por incumplientos de los pliegos, porque no se limpia como se debiera".

Para la coalición el Gobierno de Vivas tiene que asumir que, al menos durante años, ha sido "connivente en algo crucial como la limpieza de la ciudad", que ha "engañado a la ciudadanía" y que debe depurar "responsabilidades políticas" por ello. En función del resultado de los expediente se podría llegar, incluso, a la necesidad de romper el contrato.

Sea como fuere, al contrato le podrían quedar apenas seis meses. según se concluya si es de “servicios” o “de concesión de servicios”. La concesión se adjudicó desde febrero de 2013 por un plazo inicial de 10 años que “podrá prorrogarse de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización hasta un total de 10 prórrogas de un año cada una” con una denominación (‘De gestión del servicio público de limpieza viaria y de recogida de residuos domésticos’) acorde con esa duración, pues para esta modalidad se establecen unos plazos máximos, según su objeto, de cincuenta, veinticinco o diez años.

Sin embargo, la empresa lleva tiempo convencida, de que el contrato, por su contenido y redacción, lo es en realidad de servicios, con lo que su vigencia no puede extenderse más allá de seis años prórrogas incluidas, con lo que quedaría liquidado el próximo mes de febrero si los Servicios Jurídicos de la Asamblea coinciden con quienes interpretan que la naturaleza del mismo no se deriva de su nombre sino de sus cláusulas, que en este caso no dan margen a la concesionaria para la organización de la prestación sino que le exigen una forma de ejecutar el trabajo hasta el mínimo detalle como, por ejemplo, cuántos barridos hay que hacer en cada barriada.