Una acusación que Caballas basa en unos datos “elocuentes por sí mismos”: “Serán contratadas 500 personas con titulación de entre un colectivo de 1.500; y 600 sin titulación de entre un colectivo de 13.000 parados. El desequilibrio es tan brutal que supone, en sí mismo, una vergüenza inaceptable”.
A juicio de Caballas, “las memorias presentadas al SEPE consolidan el concepto de “Administración B” que llevan años practicando”. “La administración se ahorra la contratación de personal, sustituyéndolo por personal del Plan de Empleo, mucho peor remunerado, en una flagrante ilegalidad que la Delegación del Gobierno consiente para favorecer a sus colegas”, denuncian.
”Caballas siente impotencia y frustración por no poder evitar esta fechoría cometida contra todos los parados de Ceuta a los que se le priva de un derecho para favorecer los intereses de un partido. Nos comprometemos a hacer todo cuanto esté en nuestra mano, desde la denuncia a la inspección de trabajo, al defensor del Pueblo y otros organismos oficiales, para reparar esta injusticia. El dinero de los parados debe destinarse a paliar la dramática situación de miles de familias ceutíes que no pueden comer; y no a satisfacer los caprichos de un Gobierno de desalmados.