Caballas estudia pedir a la Justicia que obligue a la Ciudad a ejecutar el PGOU de 1992 en Benzú

Caballas estudia pedir a la Justicia que obligue a la Ciudad a ejecutar el PGOU de 1992 en Benzú
Varios vecinos de Benzú, protestando ante la Asamblea.
Varios vecinos de Benzú, protestando ante la Asamblea.  

- La coalición solicita informes jurídicos que apuntan que el Plan General tiene la consideración de Reglamento o Disposición General de obligado cumplimiento para la Administración

- Los localistas desconfían del compromiso de la Consejería de Fomento de, "con al menos 15 años de retraso", construir 40 viviendas en una barriada en la que se iban a levantar 60


Hace ya más de veinte años desde que la Administración local se comprometió a meter mano, antes de que terminase el siglo XX, a la barriada de Benzú, un área de “viviendas bajas de reducidas dimensiones y equipamientos”, la mayoría "construidas por sus propios moradores", con "unas doscientas familias aproximadamente" en el vecindario y unas casas "en muy malas condiciones que incluso hacen imposible su rehabilitación”.

Se trataba, en resumen, de "un pequeño núcleo chabolista muy atractivo por su situación y emplazamiento" al que, negro sobre blanco en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992, se prometieron 60 viviendas, nuevos viarios, zonas verdes con abundante arbolado y caminos y un paseo marítimo peatonal.

Escuchando y leyendo ahora, dos décadas después, a un año de elecciones, al Ejecutivo local prometer 40 viviendas no termina de convencer a la coalición Caballas, que duda de la credibilidad del Ejecutivo local y ha solicitado informes jurídicos sobre cómo blindar ese compromiso, supuesta solución al posible desalojo de familias como consecuencia del proceso de recuperación del Dominio Público Marítimo-Terrestre de Benzú iniciado por el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno.

Los dictámenes legales pedidos por los localistas apuntan a que el PGOU “tiene una consideración equivalente a un Reglamento o una Disposición General de obligado cumplimiento”. "El vecindario de la barriada no puede ser culpado ahora de la desidia de unas Administraciones Públicas que acumulan al menos quince años de retraso en el cumplimiento efectivo de las obligaciones que contrajeron”, ha apuntado Juan Luis Aróstegui, diputado-concejal del primer grupo de la oposición.

El PGOU vigente contemplaba varias acciones estructurales en la barriada. Entre otras, la construcción de un viario de borde marítimo “con características peatonales”. Su planeamiento, de iniciativa “pública”, debería haberse ejecutado para conseguir la “ordenación y remodelación de un pequeño núcleo chabolista”, durante el primer cuatrienio de vigencia del Plan y hubiese incluido una edificabilidad residencial de 16.000 metros cuadrados para un máximo de 60 viviendas.

Igualmente abogaba por el tratamiento de la carretera que llega hasta Benzú “como travesía urbana” y por la habilitación de un ‘fondo de saco’ que permitiese el giro de coches y autobuses. También apuntaba a la construcción de una “pequeña unidad deportiva”, a la ejecución de una “mejora y ampliación de la mezquita” y a la habilitación de “una unidad básica de mercado que permitiese el uso del mercadillo en condiciones legales sanitaria y administrativamente”.

“La zona verde será tratada con suficiente arbolado y caminos pese al fuerte desnivel para permitir disfrutar de as vistas y el PERI estudiará y propondrá la regeneración de la playa”, indica el texto, con dos décadas de antigüedad, en cuyo plan de desarrollo se señalaba al de expropiación como sistema de actuación.

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