Caballas logra incluir variables sociales en los criterios de adjudicación de contratos municipales


Caballas logra incluir variables sociales en los criterios de adjudicación de contratos municipales

- Román acepta dar "instrucciones" para incorporar "cláusulas sociales" relativas a igualdad, discapacidad, integración social y condiciones laborales

- La coalición busca seguir avanzando desde la "ciénaga" que según Aróstegui era antes el reparto de fondos públicos en contratos y suministros hacia la "transparencia"

Caballas ha conseguido este martes en el Pleno, aunque sea con muchas salvedades, arrancar al Gobierno de Vivas el compromiso de incorporar "cláusulas sociales" en la contratación pública de la Administración local, que mueve cerca de 200 millones de euros al año, "a través de especificaciones técnicas, criterios de solvencia, criterios de adjudicación o a través de condiciones especiales de ejecución".

Román solamente se ha comprometido a dar "instrucciones" para "incorporar cláusualas sociales" en los procedimientos de adjudicación y contratación "con sujeción a las limitaciones técnicas y legales y a razones de conveniencia en términos de agilidad y seguimiento".

La transacción del PP diluye parcialmente el objetivo buscado por la iniciativa defendida por Juan Luis Aróstegui, que aspiraba a seguir transitando desde la "ciénaga" que era antes el reparto de fondos públicos en contratos y suministros hacia "la transparencia" siguiendo, en este caso, la senda abierta a principios de año por el Ayuntamiento de Madrid, que acordó que el precio dejase de ser el "criterio único y fundamental" para la adjudicación de contratos públicos.

Igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral, empleo, estabilidad del mismo y formación en el lugar de trabajo destacan entre los objetivos de la nueva contratación. En los contratos que se adjudiquen, sea del organismo que sea, debería observarse al menos uno de estos objetivos. En el caso específico de los contratos con perspectiva social, esos objetivos son "especialmente relevantes" como criterio para valorar y adjudicar.

Por contratos con perspectiva social se entienden en Madrid "aquellos que están directamente relacionados con políticas sociales (como puede ser la educación o la asistencia a mayores)" y también los que van destinados a los colectivos perceptores de renta mínima de inserción, personas sin hogar en proceso de acompañamiento social por recursos públicos, jóvenes mayores de 18 años previamente tutelados, mujeres víctimas de violencias machistas y personas desempleadas de larga duración.

La aplicación del objetivo de estabilidad en el empleo es una condición "fundamental" a la hora de valorar y adjudicar contratos en los que la mano de obra sea el componente fundamental. La subrogación contractual de trabajadores con todos sus derechos y obligaciones es obligatoria en Madrid en contratos de más de 300.000 euros de prestación de servicios públicos y para todos los de gestión de servicios públicos.