Caballas pedirá al Pleno la reprobación del Gobierno por su "negligencia culpable" con Urbaser

Caballas pedirá al Pleno la reprobación del Gobierno por su "negligencia culpable" con Urbaser
Aróstegui, durante un Pleno.
Aróstegui, durante un Pleno.  

- Los localistas pedirán formalmente "la dimisión o cese de cuantos cargos públicos hayan ostentado la responsabilidad de velar por el cumplimiento del pliego de condiciones durante su aplicación"

- "Una ciudadanía hastiada por la corrupción en todos los niveles no puede conformarse con un emplazamiento a los jueces que se resolverá en un plazo no inferior a una década", advierte la coalición


El primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, instará este lunes al Pleno a través de una moción de urgencia a "reprobar" al Gobierno de la Ciudad "por su negligencia culpable al consentir que la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida domiciliaria de basuras, URBASER, haya incumplido impunemente, de manera sistemática y continuada, el Pliego de Condiciones que regula dicho servicio, lesionando los intereses generales y ocasionando un considerable quebrante a las arcas públicas".

Los localistas pedirán formalmente "la dimisión o cese de cuantos cargos públicos hayan ostentado la responsabilidad de velar por el cumplimiento del pliego de condiciones durante su aplicación" e impulsarán la reprobación del Ejecutivo de Vivas "por su falta de respeto al Pleno de la Asamblea como órgano de representación política de todos los ciudadanos, al mentir de manera flagrante en el transcurso de una Sesión Plenaria", la de diciembre de 2011 en la que Aróstegui preguntó expresamente a García Castañeda por el pago de los camiones.

Según el texto de la iniciativa que defenderá Mohamed Ali, La extinción del contrato de limpieza viaria y recogida domiciliaria de basuras que la Ciudad mantenía con la empresa URBASER "ha generado una serie de actuaciones administrativas contempladas y/o derivadas del propio pliego de condiciones conducentes a la liquidación de la relación contractual" de entre las que "destacan" la evaluación y alcance jurídico de las reclamaciones y demandas interpuestas por la empresa concesionaria por un importe superior a los quince millones de euros.

Al mismo tiempo, "y como consecuencia del acto de entrega del inmovilizado adscrito al servicio a la Ciudad, previsto en el Pliego de Condiciones, y su obligada valoración para su correcta contabilización, se pone de manifiesto que las cantidades que figuran en las certificaciones abonadas bajo el epígrafe 'amortización', excede de manera desmesurada en el 'precio de adquisición' de los vehículos que figura en el Contrato".

"La diferencia estimada por el técnico de Contabilidad adscrito al negociado de patrimonio se sitúa en torno a los doce millones y medio. La publicación de ese dato, interpretándolo como una presunta 'malversación de fondos', ha ocasionado una fuerte polémica", refiere Caballas en su moción, en la que lamenta que "el Gobierno de la Ciudad ha adoptado la posición de integrar en un único expediente todos los pormenores relativos al contrato y resolverlo en su conjunto ante los tribunales".

"Una ciudadanía hastiada por la corrupción en todos los niveles no puede conformarse"

Caballas "discrepa radicalmente de esta forma de abordar la cuestión" porque "los hechos que se están valorando tienen una dimensión jurídica que habrá que dilucidar en este ámbito (en el que el Gobierno cuenta con el apoyo explícito de Caballas); pero tiene también una indiscutible dimensión política que no se puede obviar bajo ningún concepto". Según el criterio de los localistas, "una ciudadanía hastiada por la corrupción en todos los niveles, no puede conformarse con un emplazamiento a los jueces que se resolverá en un plazo no inferior a una década". "Los ciudadanos, entre los que los que figuran quienes sufren las consecuencias del paro y la pobreza tienen derecho a saber qué ha pasado con sus impuestos, en qué y cómo se han utilizado los fondos públicos: los ciudadanos necesitan respuestas claras, convincentes e inmediatas", opinan los localistas.

Por ello, "independientemente de que en el futuro se puedan ir sustanciando otras actuaciones", Caballas considera que "es preciso tomar las decisiones pertinentes sobre todos los hechos que estén suficientemente probados" y que el Gobierno de la Ciudad "ha sido culpablemente negligente en el cumplimiento de su obligación esencial, que no es otra que velar por los intereses generales, y este caso por el estricto cumplimiento del contrato de limpieza y la correcta gestión de los fondos públicos".

"Esta afirmación", sostienen los de Ali, "se basa en los siguientes hechos: del informe emitido por el servicio de Patrimonio, se deduce, con meridiana claridad que las cantidades destinadas a la amortización superan notablemente el precio de adquisición: se podrá argumentar que el concepto de amortización no es inequívoco y es preciso computar otros elementos, pero esto, aun siendo cierto, sólo serviría para corregir la cantidad desviada y, en ningún caso, para invalidar el concepto porque la existencia de la desviación es indiscutible".

"Por otro lado, los informes emitidos por el interventor acreditan que la Ciudad ha abonado exclusivamente el precio del contrato. Este hecho también está fuera de toda duda, lo que por una parte aleja la situación del concepto 'malversación de fondos'; pero conduce a una contradicción difícil de explicar. ¿Cómo es posible que pagando lo previsto en el contrato se produzca tan monumental 'agujero'?", se preguntan.

La explicación a la contradicción, en el Pliego

La explicación, a juicio de Caballas, se encuentra en el artículo 80 del Pliego de Condiciones que obliga a la empresa a renovar, 'durante la vida del contrato' todos los elementos del inmovilizado que se vayan amortizando. "Se deduce de este precepto", interpreta, "que no es que la Ciudad haya pagado de más por los vehículos adquiridos inicialmente, sino que 'ha pagado vehículos que la empresa nunca llegó a incorporar al servicio”.

"Estamos, por tanto, ante un incumplimiento no grave, sino gravísimo", razona la coalición, "del Pliego de Condiciones, ya que durante un periodo muy prolongado de tiempo (aún sin determinar) URBASER ha estado prestando sus servicios con vehículos inservibles, en lugar de hacerlo con vehículos renovados tal y como exigía el Pliego de Condiciones". Para Ali "parece evidente que la Ciudad tendrá que exigir a URBASER las cantidades abonadas por unos vehículos que no compró (sin entrar a considerar aún la cantidad exacta); pero esto no exime al Gobierno de su responsabilidad".

"Se trata de una responsabilidad política evidente de la que no se puede zafar sin aclarar por qué motivo el Gobierno no exigió a la empresa URBASER el cumplimiento del contrato", defiende la coalición, que piensa que "se trata de una dejación de funciones que ha supuesto un importante quebranto a las arcas públicas". "Evidentemente sería aún más grave si hubiera sido intencionada (algo indemostrable); pero en cualquier caso, se trata de una responsabilidad ineludible", ha zanjado.

"La nefasta gestión del Gobierno queda aún más en entredicho", remacha la moción de urgencia, "si tenemos en cuenta la respuesta que dio a una interpelación del Grupo Caballas el pasado mes de diciembre de 2011, sobre el 'grado de cumplimiento del contrato de limpieza', en la que ya se advertía de la posibilidad de estar 'pagando vehículos amortizados', a lo que el Gobierno respondió que se estaba cumpliendo satisfactoriamente". "O mintió deliberadamente, o mintió por abulia y desinterés; pero en cualquier caso, mintió y falto al respeto al Pleno, lo que también supone incurriré en una inocultable responsabilidad política", concluye.

Lea también:

- Martínez recuerda que mantiene retenidos 8,5 millones a Urbaser por lo que pueda pasar

- Carracao sólo ve "sombras" en las cuentas de Urbaser y agita las de Contenur: "Faltan 7 vehículos"

- Ali exige a Vivas que corte cabezas entre quienes no exigieron a Urbaser cumplir su contrato

- Urbaser cobró, en realidad, 142.200 euros menos de lo que preveía su contrato entre 2001 y 2013

- Caballas: "La Ciudad no exigió renovar maquinaria con los pagos a Urbaser, como dice el contrato"

- Carracao atiza al interventor, alaba a Cuenca y dice que el "caos" contable se extiende a Contenur

- Martínez insta a Intervención a revisar "todos" los contratos de larga duración vencidos desde 2012

- Caballas pide a la Ciudad Autónoma que elabore otra auditoría sobre el contrato con Contenur

- Martínez: "La Ciudad no ha pagado a Urbaser ni un euro más de lo estipulado en contrato"

- La Fiscalía remite al Juzgado Decano la denuncia del PSOE sobre los pagos a Urbaser

- Caballas no descarta sumarse a las acciones judiciales por el asunto Urbaser

- Carracao recela del interventor y la secretaria general de la Ciudad y anuncia más pagos "indebidos"

- El PP ve el órdago de Carracao y le invita a ir “al juez, no al fiscal”

- Vivas promete "transparencia" para aclarar los pagos a Urbaser, que augura terminarán en el Juzgado

- Carracao pide a la Fiscalía que investigue un posible ilícito penal en los pagos a Urbaser

- El Ejecutivo no dudará en pleitear con Urbaser para recuperar el dinero si se pagó de más

- Carracao avisa a Vivas: irá al Juzgado por el supuesto pago irregular de 12,5 millones a Urbaser

- La Ciudad recaba un informe que dice que Urbaser cobró 12,5 millones para máquinas que no justificó

- La Ciudad pleiteará con Urbaser para no pagarle los 10,2 millones que le reclama

- ACC-Lirola dispondrá de los 51 vehículos que Urbaser amenazaba con llevarse de Ceuta el 1 de febrero

- Urbaser reclama ante los Juzgados casi 10 millones de euros fuera de contrato al Gobierno de Vivas