Caballas pide al Ejecutivo de Vivas que renuncie a elevar el IPSI que grava la entrada de ropa usada


Caballas pide al Ejecutivo de Vivas que renuncie a elevar el IPSI que grava la entrada de ropa usada

- La coalición votará en contra de la propuesta de modificación de la Ordenanza porque "no se ajusta a derecho"

- Los localistas opinan que supone "un trato desconsiderado hacia los empresarios afectados a los que se considera 'defraudadores con carácter general' que se ven obligados a demostrar lo contrario"

Caballas ha adelantado este viernes en un comunicado a los medios que se opondrá a la intención del Gobierno de Vivas de modificar el sistema de tributación del IPSI de la ropa usada para introducir una “estimación objetiva del valor de la mercancía estableciéndolo en cuatro euros el kilogramo” que equivaldría a pagar 4 euros por cada mil gramos de mercancía.

"La intención, según explicó el Gobierno", ha recordado la coalición, "era luchar contra el fraude" y Caballas se abstuvo en la aprobación inicial de la propuesta.

Una vez analizada la propuesta "de manera pormenorizada y en todas sus aspectos", la formación localista pedirá al Ejecutivo de la Ciudad "que desista de tan controvertida modificación". En caso contratio, votará en contra de darle la aprobación en Pleno de manera definitiva.

¿Por qué? Según los de Mohamed Ali, porque estiman que la modificación "no se ajusta a derecho". "La estimación objetiva pretendida", han ampliado, "no encuentra respaldo en la ley que regula el IPSI y, además, la modificación es inoportuna en un contexto económico marcado por la crisis, el descenso de actividad y las dificultades de que atraviesan los empresarios".

Desde el punto de vista de Caballas supone, por otro lado, "un trato desconsiderado hacia los empresarios afectados a los que se considera 'defraudadores con carácter general' que se ven obligados a demostrar lo contrario".

Caballas no obstante, considera que "es preciso perfeccionar todos los mecanismos de inspección y control que permitan detectar y sancionar todos los casos de fraude fiscal" y estima que esto debe hacerse "desde el máximo respeto al contribuyente y con todas las garantías que la legislación establece".

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