La coalición Caballas pedirá la apertura de un expediente informativo en el seno de la Ciudad Autónoma para determinar si del comportamiento del jefe de Industria, Manuel Jurado, en el ‘caso Oclem’ se puede deducir algún tipo de responsabilidad disciplinaria. Fuentes de la Consejería de Administración Pública han explicado que tal iniciativa no se puede incoar de oficio si no existe una petición previa.

El funcionario siempre defendió las bondades de la auditoría sobre la gestión del alumbrado público que se le encargó efectuar a la empresa en 2011 como paso previo a la licitación de un contrato por 24 millones para su externalización, finalmente cancelada por "razones de interés público". El interventor, sin embargo, siempre se negó a su abono argumentando que el informe no valía lo que costaba. Al final la consultora presentó una querella por presunta prevaricación que ha sido desestimada, por lo que no ha cobrado ni se prevé que lo vaya a hacer.

En el marco de las diligencias practicas se ha descubierto un intercambio de correos entre Jurado y la parte reclamante. En uno de ellos, un ingeniero técnico le remite un texto que coincide palabra por palabra con el dictamen del jefe de Industria avalando el pago de la cantidad (fechado doce días antes). Acto seguido, el mismo trabajador de ‘Oclem’ pone en conocimiento de los administradores solidarios de la empresa: "Estas son las notas que le he enviado a Jurado para el informe que le solicita la presidenta de la GIUCE”.

La historia se remonta a 2011, cuando se encomendó a esa consultora por el importe máximo (17.307,69 precio del contrato y 692,31 de 4% de IPSI) para hacerlo sin concurso un ‘Estudio-auditoría de Eficiencia Energética del Alumbrado Eléctrico de la ciudad’ que se materializó en 92 páginas. “El estudio propiamente dicho dedica prácticamente su contenido total a transcribir datos suministrados por la propia Gerencia de Urbanismo de Ceuta (GIUCE) que se limitan a describir el emplazamiento de los centros de mando y las luminarias, habiendo elaborado, presuntamente, un cuadro con los valores de iluminancia de 23 viales”, resumió la Intervención para negarse a pagar alegando que el apartado de conclusiones se “despachó” con obviedades: que lo procedente era “la sustitución de las luminarias existentes dotadas de lámparas convencionales por otras de tecnología LED” y “dotar a las luminarias de un equipo electrónico de telegestión para realizar así una reducción de flujo adecuada”.

De esta forma se lograría, completó la adjudicataria del trabajo, “ahorro energético” y “mayor respeto y conservación del Medio Ambiente, pues se disminuirán las emisiones de CO2, lo que contribuye al bienestar general”.

En junio de 2013 la Intervención devolvió el expediente a la GIUCE negándose a hacer el pago, entre otras cosas porque el informe se había encargado en julio de 2011 con un plazo de ejecución de un mes y no se presentó factura hasta diciembre de 2012. Además, durante todo este tiempo el Gobierno local había renunciado ya a licitar un contrato global para catorce años de mantenimiento y sustitución de alumbrado.

Susana Román, por aquel entonces presidenta de la GIUCE, pidió al jefe de Industria que se pronunciase sobre el jaleo. Que justificase “las causas" que habían motivado “el retraso en la entrega de la documentación”; si seguía siendo necesario contar con el estudio referido y “justificación en cuanto a la auditoría de lo recogido en informe técnico”.

"Pleno cumplimiento"

El jefe de Industria, en un escrito fechado el 13 de julio sin ningún sello o registro añadido, se posicionó a favor de la consultora: “La documentación fue entregada el 8 de agosto de 2011 conforme a las directrices e instrucciones marcadas desde este Servicio, por tanto en ningún caso se puede considerar que hubiere retraso alguno” A su juicio “el desistimiento de la licitación [...] nada tiene que ver con el hecho cierto de que para la preparación de la misma se contratan los trabajos a 'Oclem” y la auditoría “dio pleno cumplimiento al objeto para el que fue encargada [...] y no obra en el expediente documento alguno que, en tiempo y forma, manifieste disconformidad alguna”.

Su argumentario reproduce literalmente, palabra por palabra, el contenido de un correo electrónico encontrado en las diligencias judiciales que un ingeniero técnico de ‘Oclem’ le envió el 25 de julio a mediodía, supuestamente dos semanas después pese a que le apunta “Hola Manuel, ahí te [¿envío?] lo que hemos comentado esta mañana”. Quince minutos después, el mismo trabajador envió a los dos administradores solidarios de la sociedad, Vicente Méndez y Eduardo Moya, otro correo: “Estas son las notas que le he enviado a Jurado para el informe que le solicita la presidenta de la GIUCE”.

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