Caballas pide al Juzgado de Guardia que pare las obras de la Gran Vía

Imagen de recurso.

La coalición Caballas formalizará este miércoles ante el Juzgado de Guardia una denuncia para solicitar "que se proceda a la suspensión cautelar de las obras" de la Gran Vía y su entorno "para evitar que se tenga que proceder a su demolición para volver a la legalidad urbanística, con el consiguiente perjuicio económico para la institución (su coste es de ocho millones de euros), al que habría que añadir el coste de las nuevas obras, además de mantener durante un prolongado periodo de tiempo inhabilitada una de las principales arterias para el funcionamiento de la Ciudad".

"Una obra de esta naturaleza no se puede acometer sin la suficiente seguridad jurídica", argumenta Juan Luis Aróstegui en el escrito que registrará en los Juzgados a las 11.00 horas, en el que refiere que "el Gobierno es perfectamente conocedor de que está incumpliendo la ley de manera flagrante y consciente" y advierte que "es más que probable que la encomienda de gestión a Tragsa y en consecuencia la ejecución del proyecto queden anulados".

El BOCCE publicó el 19 de enero la aprobación de la encomienda de gestión de la ejecución de las obras a Tragsa, resolución que a juicio de Caballas "incumple el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público", que exige la aprobación del Proyecto por el órgano competente "como requisito indispensable y previo a la tramitación del procedimiento de contratación, en este caso, el procedimiento de encomienda de gestión".

"El Gobierno renuncia de manera irresponsable a un ahorro estimado entre tres y cuatro millones de euros, todo ello pensando en su propio interés" electoral

"En el expediente no consta documento alguno que acredite la aprobación del proyecto por el órgano competente, por lo que el procedimiento que culmina en la citada encomienda de gestión es ilegal" pero, además, el proyecto encomendado "vulnera de manera evidente y flagrante la legalidad vigente". Primero, porque "supone una vulneración" tanto del PGOU vigente (porque pretende peatonalizar las calles Pepe Durán y Valentín Cabillas) como del Plan Especial de Reforma Interior de la Gran Vía, que no contempla implantar un "jardín vertical" en suelo previsto para viviendas.

Segundo, porque a ojos de Caballas "la calificación del proyecto como obra ordinaria infringe las Normas Urbanísticas del PGOU y el Gobierno solo pretende “disimular con un infantil truco semántico" lo que es "un Proyecto de Urbanización que debe ser tramitado como tal, incluyendo su sometimiento a un periodo de información pública para que la ciudadanía tenga la oportunidad de pronunciarse al respecto" que se ha eludido.

"Ha cambiado el nombre del proyecto y la publicación de la encomienda de ejecución efectuada a TRAGSA se hizo a toda prisa para esquivar un posible delito de prevaricación"

"Los incumplimientos denunciados", resume la denuncia, "resultan, desde todo punto de vista, muy evidentes, y resulta especialmente llamativo que el consejero competente haya adoptado la decisión de continuar con la tramitación del expediente prescindiendo burdamente del procedimiento legalmente establecido" pese a que Caballas le advirtió en múltiples ocasiones de sus reparos legales.

 

"Esquivar la prevaricación"

Según la coalición, "la única razón posible para huir hacia adelante es que el Gobierno considera que la ejecución de esta obra puede reportarle un significativo rédito electoral ya que el plazo de ejecución previsto concluye en el mes de marzo de 2019 y las elecciones de celebran en el mes de mayo". Para conseguirlo "ha cambiado el nombre del proyecto y la publicación de la encomienda de ejecución efectuada a TRAGSA se hizo a toda prisa para esquivar un posible delito de prevaricación".

Por otro lado, el informe técnico utilizado como “salvoconducto” ha sido encargado sin que conste escrito "a un arquitecto que se dedica dentro de la Consejería a la concesión de licencias". "Ellos", apunta sobre el Gobierno, "ya sabían que el arquitecto municipal mantiene el criterio de que se trata, claramente, de un proyecto de urbanización que requiere otro procedimiento y exposición pública".

Para terminar, Caballas también cuestiona que el proyecto se pueda "sustraer al ámbito de la libre competencia, con lo que el Gobierno renuncia de manera irresponsable a un ahorro estimado entre tres y cuatro millones de euros, todo ello pensando en su propio interés".