Caballas promete acabar con los "sueldazos" políticos, los 'enchufes' y los contratos "a dedo"


Caballas promete acabar con los "sueldazos" políticos, los 'enchufes' y los contratos "a dedo"

- La coalición aboga por la "regeneración ética" de la vida política local y por promocionar la participación ciudadana en la gestión de la Administración

- Subastas en lugar de concursos, tribunales independientes, salarios políticos limitados a los que perciben los funcionarios y un Gobierno con no más de 9 consejeros, propuestas planteadas

Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui han comparecido este viernes ante los medios de comunicación para exponer una parte "sustancial" del programa electoral de Caballas, aquella que afecta a la necesidad de asentar los "pilares" de la gestión pública "en la transparencia y el servicio público en favor de los ciudadanos". Para lograrlo ambos han expuesto un conjunto de medidas "factibles y creíbles" orientadas a acabar con los 'enchufes' para el acceso al funcionariado en la Ciudad, a erradicar "la adjudicación de contratos de obra y de suministros a dedo" y para poner coto a los "sueldazos" de los cargos políticos. Según ha desglosado Ali, si la coalición llegase a gobernar no se pagaría nada a los diputados por asistir a los Plenos una vez al mes, "un deber que deberíamos asumir con gusto y sin remuneración"; el sueldo de los consejeros se limitaría "como máximo a lo que percibe un funcionario de grupo A de la Administración local; se acabaría con los viceconsejeros y se pondría un techo de nueve consejeros al Gobierno local; y se aseguraría "que cualquier atisbo de corrupción o ilegalidad iría, por iniciativa institucional y de oficio, a la Fiscalía y a los tribunales". Además, Caballas defiende la necesidad de fomentar la "democracia participativa". "Hay Ayuntamientos en los que ya se reservan fondos suficientes del Presupuesto municipal para que los ciudadanos, en el Pleno, tengan la posibilidad de proponer a dónde destinarlos para atender mejor sus necesidades y prioridades". Aróstegui ha abundado en la trastienda del Palacio autonómico, que según ha dicho opera bajo el mandato de Juan Vivas bajo la máxima de que "nadie sepa nada de lo que no interesa al Gobierno". "Hay que luchar contra la idea de que en la Administración local sólo se entra con 'padrino', una convicción cada vez más generalizada y, por desgracia, socialmente aceptada bajo el principio de que en vez de erradicar sale mejor esperar a que favorezca en algún momento", ha dicho. "Hay que dar una batalla firme para recuperar la credibilidad de la institución, para que los puestos de trabajo sean para los mejores y más preparados, como dice la Constitución, y para que los empresarios dejen de tener la certeza de que es mejor no presentarse a los concurso de contratos de obras y suministros porque todos se convocan con nombres y apellidos, algo que acaba refrendando la realidad", ha proseguido. Subastas y tribunales independientes Para conseguirlo ha abogado por introducir "medidas claras de objetividad" en aras de conseguir que en la selección de Personal "intervengan tribunales absolutamente independientes" y por acabar con los concursos para dar paso a las subastas "previa selección de las empresas con la solvencia y la capacidad técnica necesaria para ejecutar los trabajos". Además, Caballas quiere "prohibir" la concatenación de contratos, el fraccionamiento sistemático por el que fue cesado el anterior consejero de Gobernación. "Es fácil de hacer porque sólo depende de tener voluntad política para acabar con un sistema en el que todos saben que quien se enfada con el Gobierno, que quien no le baila el agua, no vende ni un bolígrafo", ha asegurado. Preguntado por si la coalición teme o sospecha que detrás de tan negro panorama de corrupción como el dibujado pueda haber un pago de comisiones, Aróstegui se ha tentado la ropa: "No queremos crear una polémica sobre esto; lo importante es plantear propuestas para devolver la credibilidad a la institución, pero estoy seguro de que es negativo que los empresarios no concurran a los concursos porque saben que están amañados". ¿Comisiones? "Como cualquier ciudadano, intuimos que los hay, pero no tenemos pruebas para denunciarlo porque si las tuviéramos lo haríamos", ha remachado. Ali y Aróstegui han aprovechado el final de su comparecencia para lamentar que el PP no haya puesto en marcha la figura del Defensor del Ciudadano, que a su juicio sí tendría la capacidad de exigir al Ejecutivo la documentación que este no facilita "nunca", ni la Oficina Antifraude que propuso crear UDCE esta legislatura.

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