Caballas elevará la próxima semana al Pleno una propuesta para que la Corporación acuerde instar al órgano de contratación a "iniciar un expediente de rescisión del vigente contrato de limpieza pública viaria y recogida domiciliaria de basuras" que Trace comenzó a prestar en febrero de 2013 y que "se ha convertido, desde el primer momento, en un auténtico quebradero de cabeza".

A juicio de la coalición "la ciudadanía ha mostrado de todas las maneras posibles su más absoluta disconformidad con el estado de limpieza de la ciudad" y las criticas, "llenas de razón", están "absolutamente justificadas". En paralelo, el Gobierno del PP a sido desde su punto de vista "incapaz después de cinco años de encontrar una solución a este grave problema" pese a tratarse "del contrato más importante de la Ciudad económicamente hablando y del servicio municipal por excelencia".

Los de Mohamed Ali opinan que "las sucesivas decisiones del Gobierno al respecto, un auténtico muestrario de improvisación y desconcierto, han estado plagadas de incoherencias y contradicciones y, lo que es mucho peor, han sido completamente inútiles para revertir tan lamentable situación".

"Después de haberlo 'intentado todo', según dicen, las cosas van de mal en peor, pero no es justo que el Gobierno, por su desidia, connivencia o incompetencia, siga castigando a los ceutíes condenándolos a vivir en un permanente estado e suciedad a pesar de gastar más de 17 millones anuales en este servicio", resume el argumentario de la propuesta.

La nueva evaluación "no se aplica"

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel, ha asegurado este viernes que la Ciudad no está aplicando todavía el nuevo protocolo para evaluar la prestación del servicio que el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, y el responsable del contrato, Yamal Dris, firmaron el 29 de abril para empezar a exigir "resultados", es decir, que la ciudad esté limpia y no cómo se consigue.

El consejero ha contado que en realidad la propuesta de la concesionaria no llegó hasta finales de julio, que agosto es lo que es y que, por lo tanto, no ha habido tiempo, por lo que la prestación se sigue midiendo en función de cuántos operarios salen a la calle.

Así, la Administración sigue restando cada mes cientos de miles de euros de las certificaciones de la empresa de forma constante desde la factura número 53, la de junio de 2017, la primera a la que se pusieron pegas desde 2013.