Caballas "se reserva el derecho" de llevar a Márquez al juzgado por las cuentas de las VPO del Hacho


Caballas "se reserva el derecho" de llevar a Márquez al juzgado por las cuentas de las VPO del Hacho

- El consejero no logra convencer a Aróstegui con sus explicaciones sobre por qué hay que pagar 900.000 euros más a la constructora y por qué se le "perdonaron" 2,5 millones en penalizaciones

- El diputado nacional asegura que "la mejor prueba" de la limpieza del proceso es que la Ciudad no abonó la revisión de precios pactada inicialmente (1,9 millones), pero no resuelve la incógnita de la multa condonada

Que la Mesa de la Cámara no aceptase, por cuestiones formales de plazos, que llevase el asunto al Pleno en forma de interpelación, no ha impedido a Juan Luis Aróstegui preguntar este lunes al ex consejero de Hacienda, Francisco Márquez, por el supuesto entuerto que cree haber descubierto, al hilo del Plan de Proveedores, en las cuentas de las VPO del Hacho.

El caso es que dicho documento, que volverá a debatirse de forma monográfica en el Pleno este viernes, incluye una partida de 900.000 euros para la constructora de esa promoción, Acciona Infraestructuras. Tirando del hilo, Aróstegui, según ha recordado desde su escaño, llegó a un "documento privado" en el que Márquez asumía una deuda de la Ciudad de 1,9 millones de euros con la empresa por una revisión de precios. Según el localista, algo que no ha rebatido el Popular, dicha cantidad carece de respaldo técnico, al contrario que el dictamen que establecía que la constructora debería ser sancionada con "hasta 2,5 millones" por los plazos en los que realizó su trabajo.

De la primera cantidad se van a pagar, finalmente, 900.000 euros, previa sentencia judicial a favor de Acciona, ya que el Ejecutivo local se negó finalmente a asumir la deuda rubricada por el consejero. De la segunda nada más se ha sabido: nunca se puso ninguna penalización.

Aróstegui ha centrado su interrogatorio en la primera parte de la cuestión. Márquez le ha dejado claro que el documento que suscribió a finales de 2008 junto al gerente de Emvicesa y al interventor de la Ciudad con tres representantes de Acciona no es "privado" en sentido peyorativo, sino público porque lo firma un consejero y porque está debidamente registrado en el expediente correspondiente.

"El documento es, en realidad, un plan de pago a la empresa por las deudas que habíamos acumulado que se firmó para que entregase las casas y pudiésemos transmitirlas a sus adjudicatarios", ha alegado el también diputado nacional, a quien le parece "la mejor prueba" de que no hay nada oculto el hecho de que la Administración rehusase pagar la revisión cuantificada en 1,9 millones "hasta que la empresa recurrió a la Justicia y ganó".

Según el localista, Acciona ganó en los Juzgados, en parte, por el citado documento. Según Márquez, porque el juez estimó que era legal y procedente elevar las tarifas que la constructora debía percibir por su tarea atendiendo a los condicionantes publicados por el BOE. El debate ha dejado suelto el hilo de por qué no se exigió, en todo o en parte, a Acciona que abonase los "hasta 2,5 millones" que técnicos de la Ciudad entendían que se podían demandar en forma de penalizaciones.

Aróstegui ha retirado la moción de urgencia que ha utilizado para llevar este asunto al Pleno antes de que fuese votada y ha terminado "reservándose el derecho", en nombre de su grupo político, de iniciar acciones legales contra Márquez para aclarar la cuestión en todos sus extremos.

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