El ‘Caso Urbaser’, efecto colateral de la ‘guerra de los medios’, capítulo estrella de la misma parece ir poco a poco volviendo a modo de boomerang para volver al asunto que lo alumbro, la disputa de los medios de comunicación. Si el lunes el presidente de la Ciudad Autónoma señaló con nombre a un diario local, El Pueblo de Ceuta y lo situó junto al PSOE meciendo una campaña orquestada de acoso y derribo a su figura para explicar el ‘Caso Urbaser’ toda vez que un auto judicial ha archivado la posibilidad de que haya delito penal alguno, este martes en el otro lado del campo de batalla, el líder de la trinchera socialista, José Antonio Carracao, ha salido en defensa del diario para denunciar que sus trabajadores corren peligro y que la cabecera se “encuentra en una situación insostenible”.

Esa situación crítica es fruto de que para todo 2014 la previsión de inversión en publicidad en el diario por parte de la Ciudad Autónoma es de 12.000 euros. Se desconoce, al menos no la ha hecho pública Carracao sus ingresos por ventas y por anunciantes privados.

Al socialista le “preocupan sus trabajadores y trabajadoras” y ve un “acoso y derribo” del Gobierno contra el medio por haber informado de lo que “el Gobierno siempre quiso que nada se supiera y que nada trascendiera”, el caso Urbaser.

Vincula así Carracao inversión en publicidad por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma que maneja un presupuesto de un millón de euros al año a sintonía o no en la línea editorial de los medios.

El socialista cree que los ceutíes se pueden clasificar en tres cajones en función de su punto de vista sobre lo sucedido con Urbaser, en el tercero ha metido a los que han vivido cosas similares a las que dice estar viviendo el diario.

“Hay quienes se identificarán, seguro, con el PSOE y con su secretario general y quienes han sufrido las consecuencias de intentar confrontar con un gobierno que ejerce su poder como una apisonadora. Estoy seguro que hay en este grupo muchos empresarios, ciudadanos a título individual, barriadas enteras, asociaciones que saben cuáles son las consecuencias de intentar confrontar con este Gobierno”, ha hilvanado Carracao.

En los otros dos cajones ha metido a quienes “haga lo que haga el Gobierno por el hecho de hacerlo Juan Vivas todo estará bien hecho”, en el primero; y en el segundo a los “ciudadanos con espíritu crítico y capacidad analítica que entienden que ha habido un quebrando a las arcas públicas, un perjuicio para todos los ciudadanos como consecuencia de la nefasta gestión del Gobierno y los pagos que se le iban haciendo a Urbaser”, ha identificado.

Ha coincidido Carracao en el argumentario con Vivas en identificar a víctimas y verdugos, pero dándole la vuelta a la tortilla; y también en centrar el debate en los 5 millones de euros en disputa con la empresa. La cantidad que pide el Gobierno sea devuelta por la compañía que aún tienen pendiente de cobro 7 millones en certificaciones por trabajos sí realizados (dos a favor de las arcas públicas). Cantidades todas sometidas ahora a la lupa del Contencioso Administrativo que también ha de fallar.

Aún así, Carracao, ha ejemplificado sobre los planes de empleo o viviendas protegidas o becas que se podrían haber desarrollado de disponer de esos 5 millones que en rigor no debería haber cobrado Urbaser, como cree el PSOE y el propio Gobierno y que un primer informe técnico llegó a cifrar en 12, como ha recordado el martes Carracao.

Carracao ha negado las acusaciones de contubernio y complot para derribar a Vivas y ha asegurado que es al hilo de los informes técnicos cuando el PSOE hizo lo que se espera de su responsabilidad poner el asunto en manos de la Justicia para que se esclareciera lo sucedido, insistiendo en su alegría por el auto exculpatorio.