La ex diputada del Grupo Caballas, Fatima Hamed, ha vuelto a salir a la palestra este martes para relatar que finalmente el Gobierno de Vivas no sancionará a la empresa Intervías por la retirada de su oferta (la ganadora al ser la más baja en un primer instante) del concurso para la adjudicación de la EDAR.

Extremo que ha confirmado el propio consejero de Economía y Hacienda y responsable de la contratación, Emilio Carreira, que ha recordado que la Ley le atribuye a él la responsabilidad y la competencia última de sancionar o no a las empresas concurrentes en estos casos.

El límite para pedir una indemnización por daños y perjuicios a Intervías por una supuesta baja temeraria en el concurso para gestionar la EDAR finalizaba el día 20. La posibilidad la había puesto encima de la mesa un técnico jurídico de la Ciudad Autónoma a la vista de su informe. Carreira encargó entonces un nuevo informe a ACEMSA; informe que resultó contradecir al del jurídico, “se opone a todos y cada uno de los puntos”, en palabras de Hamed. Carreira ha dado más validez al informe de ACEMSA para archivar cualquier posibilidad de sanción a Intervías.

Para Hamed, la opción del consejero es nociva para las “arcas públicas”. “Lo que no puede hacer alguien que se supone que vela por los intereses públicos es decantarse por la opción que favorece los intereses privados y no la de todos los ciudadanos”, ha explicado la ex de Caballas.

Carreira lo ve de otro modo completamente diferente. “A diferencia de otros y otras yo no tengo posiciones prejuzgadas ni a favor ni en contra de nadie. La Administración tiene que actuar de acuerdo con la Ley no con los deseos de quienes la dirigen, ni de los funcionarios. A nadie se le puede sancionar si no se demuestra que lo que ha hecho es ilegal, de lo contrario le estaríamos dando la razón por ejemplo al Presidente de Cataluña y las leyes no servirían para nada”, ha recordado Carreira.

El máximo responsable de la contratación municipal recuerda que la competencia legal de sancionar o no en este caso es suya “y de nadie más” y que a la vista de que el informe jurídico elaborado por un técnico no recababa el punto de vista de Acemsa, que “tenía la encomienda de gestión de esa contratación y yo tengo la competencia de instruir el expediente y sancionar o no. Me llamaba mucho la atención que en ese expediente no se preguntara a Acemsa que opinaba. Y como es potestad del órgano de contratación solicitar cuantos informes estime oportuno para llegar a una conclusión, me daba la sensación que el informe jurídico no buscaba conocer la verdad al no requerir la opinión de quien tenía la encomienda de la contratación y decidí solicitar esa opinión”, ha justificado Carreira.

Y ante esos dos informes contradictorios el consejero no esconde que le ha dado más validez al de Acemsa. “Otros son pensamietos y elocubraciones, pero no hechos probados y me convence más lo de ACEMSA. El que tiene que tomar la decisión soy yo y dentro de varias posiciones posibles me decanto por la que me parece más razonable, dado que es mi responsabilidad y la de nadie más”, ha explicado Carreira.

Hamed presentará un recurso de reposición contra el decreto de archivo que ha firmado Carreira con la intención de “hacerle entender que lo mejor para las arcas municipales y por la función que tiene encomendada de velar por los intereses públicos es anular el decreto que ha firmado. Está justificado legalmente la sanción; no es ningún invento del jurídico que lo hizo en su día, este señor a lo que llega en su informe es que en base a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas se incurre en una retirada de la oferta indebida y que lo que procede es exigirle la indemnización por daños y perjuicios y también hace referencia a que pertenecen al mismo grupo empresarial”, ha defendido Hamed.

La ex de Caballas también ha cuestionado el propio decreto de archivo del expediente para pedir una compensación económica que rondaría los 700.000 euros (la diferencia entre la oferta a la baja de Intervías y la que finalmente se ha llevado la gestión de la Edar, la de la Unión Temporal de Empresas entre la extremeña JOCA y la local ACC). “Un decreto que nadie sabe quién lo ha hecho porque no lo ha hecho nadie de la Consejería de Hacienda”, ha manifestado.

Parece difícil que convenza al Consejero a la vista de su posición actual tras sopesar el tema y que es el propio Carreira quien tendrá que decidir sobre el recurso de reposición.

“El decreto lo he hecho yo. A ella no lo sé, pero a mí los decretos no me los hace nadie. Yo no voy a discutir con nadie de nada. Los decretos todos tienen que tener una motivación y el mío está motivado jurídicamente, con sus antecedentes de hecho, sus conclusiones y su resolución. La cuestión es si la resolución es conforme a derecho o no; y es conforme a derecho”, ha querido zanjar Carreira.