Caballas ha convencido este martes a los dos principales partidos con representación institucional en el Pleno (PP y PSOE; MDyC se abstiene en las propuestas de la coalición y el diputado de Ciudadanos se ha ausentado) para instar a los agentes sociales (sindicatos y patronal) y a "todos" los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales a, aprovechando la modificación que Pedro Sánchez ha anunciado sobre el texto, incluir en el Estatuto de los Trabajadores "la obligatoriedad pagar a los trabajadores por cuenta ajena de Ceuta y Melilla en concepto de indemnización por residencia un Plus de, al menos, el 25% del Salario Base", una compensación de la singularidad local que tienen blindada los empleados públicos.

Aróstegui ha reconocido que podrá ser "difícil" pero ha defendido que es "necesario" y "muy importante" defender esta "singularidad" porque "afecta a las personas económicamente más vulnerables", a los trabajadores del sector privado de empresas que tienen sus propios convenios que, escatimando el pago, disfrutan además de una ventaja competitiva con las locales que sí lo hacen.

El portavoz socialista, Manuel Hernández, ha compartido con Caballas que se trata de una cuestión "de justicia social" y además "muy sensata y coherente". El líder del PSOE solamente ha planteado la posibilidad de abrir la puerta a que, si no es posible incluir esa exigencia en el Estatuto de los Trabajadores, se haga por otra vía que permita alcanzar el mismo objetivo y a no interpelar directamente al Ejecutivo central de su partido.

El diputado proponente ha recordado que Caballas viene mostrando desde hace tiempo su "preocupación" por "el progresivo deterioro que viene sufriendo el Plus de Residencia, aplicable a los trabajadores del sector privado pero que, como consecuencia de su débil anclaje jurídico, ve aumentar de manera imparable el número de trabajadores que se ven privados de este concepto retributivo".

Hace casi tres años la coalición ya presentó al Pleno una propuesta con la intención de afianzar legalmente el Plus de Residencia y garantizar su aplicación con carácter general y obligatorio a todos los trabajadores y trabajadoras contratados por cuenta ajena en Ceuta y Melilla, intento que no prosperó.

No obstante, los argumentos "no sólo no se mantienen vigentes, sino que con el paso del tiempo, como era fácilmente previsible, el proceso de desmantelamiento de este elemento esencial de nuestro REF, que afecta precisamente al segmento económicamente más vulnerable de la población ocupada, no ha hecho más que agudizarse".

Además, la reforma laboral del PP, que modificó el orden de prevalencia de los Convenios Colectivos, "ha contribuido poderosamente a este desaguisado" y "cada vez son más las empresas que se zafan de compensar a sus trabajadores y trabajadoras por los efectos de la insularidad aunque sí se aprovechan de las ventajas fiscales".

Caballas considera que la Asamblea "no puede permanecer impasible ante este fenómeno" para"defender nuestro Régimen Económico y Fiscal Especial, combatir la flagrante injusticia que se está cometiendo con miles de trabajadores, y proteger a las empresas locales que si aplican este concepto y se ven sometidas a una intolerable situación de competencia desleal".