El Gobierno de Ceuta ha aprobado este viernes en su reunión semanal ordinaria un paquete de seis “peticiones urgentes” al nuevo Gobierno de la Nación que formarán el PSOE y Podemos para responder a la “emergencia social” y “económica” que está generando “la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados (MENA)” y “las decisiones y actitudes adoptadas por Marruecos, que ha suspendido el comercio transfronterizo y restringe la llegada a la ciudad de turistas procedentes del país vecino”.

El portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, ha detallado en rueda de prensa que el Estado debe “cubrir las necesidades de Defensa, Seguridad, Sanidad, Educación, Justicia e Instituciones Penitenciarias, entre otras, para preservar una presencia vigorosa en la ciudad y asegurar unos niveles de calidad de los servicios públicos esenciales equiparables a los del resto de España”.

El Gobierno autonómico también aspira a contar con el respaldo de la oposición para “que se atienda la petición de auxilio para que la Administración General del Estado asuma la grave crisis provocada por la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a una ciudad sin capacidad de respuesta, lo que ha derivado en una verdadera emergencia social”.

Igualmente exigirá “un plan de medidas de apoyo al desarrollo económico y a la creación de empleo ante el impacto que están teniendo las decisiones y actitudes adoptadas por el Reino de Marruecos con la suspensión del comercio transfronterizo [desde el pasado 9 de octubre] y las restricciones a la llegada a Ceuta del turismo de compras y ocio procedente del país vecino”.

El Gobierno de Vivas considera “necesario y oportuno” acometer una revisión “de calado” del Régimen Económico y Fiscal (REF) especial de Ceuta, así como un refuerzo “inmediato” de las dotaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil “para evitar que, en relación con la inmigración irregular de marroquíes y argelinos adultos y menores, la frontera se sitúe de hecho en el puerto y no en el Tarajal”.

Para terminar, el Ejecutivo reivindica “que se garanticen por ley las ayudas que la Ciudad Autónoma recibe para necesidades estructurales como la producción de agua o el singular hecho fronterizo [no prorrogadas en 2019 por importe de 7,2 millones de euros], la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles en el acceso a los servicios públicos esenciales, y la vigencia del REF”.

Gaitán ha apelado a la “lealtad institucional de la que siempre hace gala el Gobierno de Ceuta” para no secundar los términos utilizados por el PP Regional en un comunicado en el que ha acusado a los socialistas de “robar” a la Ciudad el importe de los convenios no renovados el año pasado y tampoco ha querido enmarcar en una estrategia explícita de “asfixia económica”, como algunos grupos de la oposición, las decisiones adoptadas por el Reino alauita en la frontera.

La Asamblea debatirá la próxima semana, en relación con estas últimas, una propuesta de Caballas para instar al Ejecutivo de Sánchez a negociar con Marruecos un “Tratado de Buena Vecindad” que “regule la gestión del espacio fronterizo tanto en lo relativo a las relaciones económicas como a tránsito de personas”, que esté “basado en el objetivo de perseguir la prosperidad de los territorios colindantes” y en el que “queden clarificados los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, agentes y operadores que desarrollan en ese ámbito su actividad”.