La última toma de posición de UGT en relación con el proceso de reestructuración del sector público, ahora ya de revocación del mismo, acusando al Ejecutivo local hasta de poder haber incurrido en "los delitos tipificados en el artículo 197 y siguientes del Código Penal, sobre Descubrimiento y Revelación de Secretos", ha dejado un tanto estupefacto al Gobierno de Ceuta. El sindicato estima que no se deberían haber incluido en el BOCCE los nombres de los funcionarios recurrentes e interpreta que así se quiere "coaccionar" para que nadie tome su camino en contra de una decisión gubernamental.

Según fuentes del equipo de Vivas, la Administración se ha limitado, al abrir con la publicación de un Decreto en el BOCCE un plazo de exposición pública de 10 días sobre los recursos presentados contra la reforma por cuatro funcionarios, a cumplir "lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo". De esta forma no se coarta el derecho de los trabajadores afectados a esgrimir lo que estimen conveniente en defensa de los derechos subjetivos generados por los Acuerdos Plenarios adoptados.

"El Gobierno no pretende, ni en este ni en ningún otro caso, coaccionar a nadie, pero formular tal acusación en este momento procesal es además de todo punto ilógico", han lamentado desde el Ejecutivo ceutí, que ha recordado que la normativa prevé la apertura de ese plazo "durante entre 10 ó 15 días" y su publicación "en el Boletín Oficial o en los medios de comunicación".

La Ley establece que "los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente" y el Gobierno considera que es "obvio" que "cualquier trabajador de las sociedades involucradas en el proceso tiene el derecho y le puede caber el interés de hacerlo".

La publicación debe contener "el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente". "Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos", matiza la Ley en el artículo 60, "se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento".

A Pleno "el lunes o el martes"

El Pleno de la Asamblea se reunirá “el lunes o el martes” de la próxima semana para, en Sesión extraordinaria, proceder a la “suspensión” de los Acuerdos Plenarios que materializaron la reestructuración del sector público empresarial de la Ciudad Autónoma para evitar que la tramitación de los pasos burocráticos a dar sea más complicada, aunque ningún trabajador se quedará “ni un minuto” sin cobertura laboral.

Inmediatamente después de “suspender” los Acuerdos Plenarios, la Ciudad Autónoma devolverá su actividad a las mercantiles que fueron disueltas pero no liquidadas (todas salvo Acemsa y Puerta de África).

En paralelo discurrirá el plazo de información pública abierto con la publicación de un Decreto en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) sobre los recursos de reposición formulados a mediados y a finales de diciembre por cuatro funcionarios (Josefina Álvarez, Josefa González, Federico Cuenca y Javier Muñoz). El Ejecutivo local aceptará por la vía del silencio administrativo y sin respuesta sus argumentos, con lo que tampoco habrá que pasar por el Consejo de Estado.

Presumiblemente durante la primera semana de febrero, puede ser que en la Sesión Plenaria Ordinaria correspondiente al mes de enero, que se celebrará el día 6, la Corporación municipal deberá revocar de forma definitiva los Acuerdos relativos a la creación de los Servicios Regionales de Emergencias; Turismo y Deporte; Tributos, Economía y Finanzas; Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda; y Medio Ambiente y Equipamiento Urbano.

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