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La Ciudad dice que la Cédula de Habitabilidad sigue siendo requisito legal para acceder a luz y agua

La Ciudad dice que la Cédula de Habitabilidad sigue siendo requisito legal para acceder a luz y agua
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Néstor García, ha repetido este miércoles en el Pleno que la exigencia de Cédula de Habitabilidad a las viviendas ubicadas en la ciudad autónoma para acceder a suministros básicos legalmente está prevista en la normativa desde 2013. "No se da el caso de personas que cumplan todos los requisitos legales y no la obtengan y no podemos incumplir la legislación, pero sí vamos a estudiar qué se está haciendo en Melilla a través del Servicio de Industria para simplicar la autorización para el abastecimiento energético", ha indicado.

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha desgranado la justificación de su propuesta para modificar esa exigencia a la hora de proceder a la contratación del abastecimiento de electricidad o agua y Caballas se ha adherido a su iniciativa, según la cual hay un gran número de habitantes ("cientos de familias") incluso de viviendas de protección oficial atrapados en la normativa vigente.

García ha explicado que el plazo medio de tramitación de la Cédula para "viviendas legales" oscila "entre 10 y 15 días" y es, por lo tanto, muy inferior al máximo legal de tres meses "salvo que haya una carga especial de trabajo u otras circunstancias extrañas".

"No hay problemas de tramitación por parte de la Consejería sino, en todo caso, faltas de documentación pues a veces y por situaciones singulares se ha llegado a solventar en un día", ha defendido el consejero, al que Mohamed Ali ha acusado de tener "en un cajón" el Reglamento de Medidas Urgentes de Disciplina Urbanística que iba a abrir una puerta para agilizar la concesión de permisos para contratar los suministros básicos a viviendas susceptibles de ser asimiladas a fuera de ordenación.

El documento, que espera un nuevo informe de la Secretaría General, parte de que no se hará viable “ninguna posible ‘legalización urbanística’ de lo ilegalmente construido” sino “simplemente arbitrar con la mayor claridad posible el régimen jurídico de la declaración de construcciones y edificaciones en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación en Ceuta, manteniendo su consideración de contrarias al ordenamiento jurídico, pero, al mismo tiempo, clarificando su situación legal de acuerdo con la doctrina jurisprudencial emanada desde hace tiempo por el Tribunal Supremo”.