La Ciudad se enroca en el Padrón y deja el futuro de los niños sin escolarizar en manos judiciales


La Ciudad se enroca en el Padrón y deja el futuro de los niños sin escolarizar en manos judiciales

- "Esta es una cuestión legal en la que no entra en juego la voluntad política, ni a favor ni en contra, y los técnicos nos dicen que los menores no pueden ser empadronados", resume el presidente

- El Ejecutivo local no instará a sus trabajadores sociales a certificar si los niños atendidos por DIGMUN viven o no en Ceuta, como prometió hacer en el Pleno y como aceptaría el Ministerio

La Ciudad Autónoma no movilizará a sus trabajadores sociales para que acrediten si los más de 20 niños escolarizados por DIGMUN ante su exclusión de colegios e institutos viven o no en Ceuta. Aunque el Ejecutivo local se comprometió a hacerlo en el Pleno y a pesar de que para el Ministerio de Educación sería suficiente, según dejó claro en su respuesta a los últimos recursos por esta problemática, Vivas se ha enrocado en la normativa de empadronamiento.

“Lo que exige la normativa", ha dejado claro la Dirección Provincial, "es que se acredite de manera efectiva la residencia y sobre este particular no puede admitirse como válido el informe aportado por Digmun porque carece de eficacia probatoria toda vez que se trata de una institución privada, por lo que sus declaraciones o informes no pueden equipararse a los de los funcionarios”.

O están inscribos en el Padrón o nada. Para el presidente de la Ciudad, este es un tema "muy serio", más en Ceuta por su ubicación geográfica, y no cabe otra salida. "Si viven tienen que estar empadronados", ha defendido el líder del Ejecutivo local, cerrando admnistrativamente la puerta a cualquier solución política para unos menores enclaustrados en un círculo vicioso: sin permiso de residencia no hay Padrón y viceversa, con lo que tampoco hay acceso a la Educación.

El tema queda, definitivamente, en manos de la Fiscalía, a la que Aróstegui denunció en nombre de Caballas esta problemática tras meses esperando que la Ciudad Autónoma asumiese sus compromisos en el Pleno. La Justicia deberá dirimir, por tanto, si prima el Derecho a la Educación "para todos los niños que viven con España con independencia de su situación administrativa", como defiende una parte, o si la segunda condición puede constreñir el primero, como entiende el PP.

Vivas ha argumentado este miércoles que la Administración "no está incumpliendo voluntariamente la legislación" y que "ni comprendo ni comparto" la iniciativa localista. Para poner en valor la "incuestionable solidaridad" de la Ciudad y de Ceuta entera ha recordado que el Centro de Menores de La Esperanza acoge a entre 120 y 150 jóvenes con una dotación presupuestaria de "más de dos millones de euros al año".

"Esta es una cuestión legal en la que no entra en juego la voluntad política, ni a favor ni en contra, y los técnicos nos dicen que los menores no pueden ser empadronados", ha incidido el presidente, quien considera que esa forma de proceder, la de dar preeminencia a los criterios "técnicos y jurídicos", es "una garantía para todos".

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