Tras la guerra de precios del invierno, vuelta a la calma de tarifas. En tiempos de vacas gordas, con miles de marroquíes esperando embarcar para cruzar al otro lado del Estrecho, desaparecen las ofertas. Y el Gobierno de Ceuta se mosquea.
El Ejecutivo local ha encargado a sus Servicios Jurídicos la elaboración de un informe que determine “si existe base” para denunciar a las tres navieras (Acciona-Trasmediterránea, Baleària y FRS) que operan entre la localidad española norteafricana y Algeciras por “una presunta concertación de precios” tras suprimir todas sus ofertas y dejar las tarifas de sus enlaces en una horquilla de menos de seis euros.
Hace pocos meses, por una cantidad inferior (4,80 por trayecto), un residente podía adquirir un billete para llegar al otro lado del Estrecho. Por algo más, 8,10, uno de ida y vuelta.
Actualmente, los precios de un billete de ida y vuelta entre ambos lados del Estrecho oscilan entre 64 euros (FRS), la más barata, y 69,50 (Baleària), la más alta. Otra naviera factura el mismo servicio, siempre sin incluir la bonificación del 50% para residentes en la ciudad autónoma, a 68 euros (Acciona).
Según ha explicado en declaraciones a Ceutaldia.com la vicepresidenta Primera de la Asamblea de la Ciudad, Adela Nieto, que gestiona las competencias en materia de Transportes, “la información recopilada por los servicios técnicos de la Administración apunta que todas las compañías cancelaron sus ofertas el pasado jueves, 12 de junio, justo antes del festivo local del jueves, que generó un ‘puente’ en Ceuta, y del inicio de la Operación Paso del Estrecho (OPE)”.
“Si los Servicios Jurídicos concluyen que existe base para presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia por una posible concertación de precios, lo haremos”, ha anunciado Nieto.
El Ejecutivo local ya utilizó este recurso hace cinco años, en 2008, cuando coincidiendo con la celebración de la Semana Santa las cuatro compañías que entonces operaban en la línea con Algeciras también subieron sus precios simultáneamente. En 2011 tramitó otra denuncia por la misma razón.
La primera denuncia fue estimada por la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, que concluyó que las empresas se habían “extralimitado” en sus comunicaciones hasta “acordar tarifas de intercambio idénticas en numerosas ocasiones", un comportamiento que se habría prolongado durante más de dos años.
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