El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles a instancias de Caballas que el Consejo de Gobierno apruebe cada año un catálogo de los precios de mercado de las unidades de obra que sirva de referencia tanto para la propia Administración como para las empresas y profesionales del sector y que evite "situaciones de dudosa legalidad" como las bajas temerarias que ya se han convertido en costumbre, hasta por encima del 50%, en los concursos públicos o la elaboración de presupuestos que difieren hasta en un 300% en sus importes por los mismos conceptos.

El consejero de Fomento, Néstor García, solo ha pedido al grupo proponente para apoyar su iniciativa que aceptase que este acuerdo no tenga ninguna repercusión sobre los procesos de licitación que ya se están preparando, por ejemplo los que tendrán como beneficiaria a través de encomiendas de gestión a Tragsa..

Juan Luis Aróstegui ha sido el encargado de explicar que actualmente "ls procedimientos de adjudicación de obra pública se están saldando con unos resultados sorprendentes" porque "en la mayoría de los casos las bajas en el precio de licitación superan el 40% y el 50% mientras nadie puede entender muy bien cómo se pueden reducir de un modo tan exagerado los precios de licitación ni quién y cómo los calcula".

Ese catálogo también deberá servir de referente para conformar las facturas de obras realizadas sin consignación presupuestaria o sin contrato, que ahora se reconocen de manera extrajudicial recurriendo al concepto de 'precio de mercado', que "no aparece en ninguna publicación oficial, de modo que cada redactor de informes los aplica siguiendo sus criterios".

La Corporación ha coincidido con Caballas (salvo Ciudadanos y el MDyC, que con independencia del asunto que se trate se abstienen al votar las propuestas de la coalición por la siutación procesal de su portavoz en el 'caso Emvicesa') en que "un concepto que tiene tanta repercusión en todas las fases posibles de la ejecución de una obra pública como los precios de mercado de las unidades de obra no puede quedar a la libre interpretación de las partes, máxime en una ciudad como la nuestra en la que los costes tienen características muy singulares".