La Ciudad mantiene las Brigadas Verdes y Cívicas pero reforzará el control sobre su trabajo


La Ciudad mantiene las Brigadas Verdes y Cívicas pero reforzará el control sobre su trabajo

- El Consejo de Gobierno aprueba renovar sus convenios con la FPAV y la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso, que por un montante de casi 4 millones de euros dan trabajo a 160 personas

- El Ejecutivo analiza la forma de maximizar la rentabilidad de ambos programas

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma que preside Juan Vivas ha aprobado este viernes en su reunión semanal ordinaria renovar los convenios que mantiene con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) y la del Príncipe Alfonso para sostener las Brigadas Verdes y Cívicas, respectivamente.

La decisión exigirá de la Administración local el desembolso de 3,6 millones de euros, en el primer caso, y de 213.000, en el segundo, durante el ejercicio en curso. Este montante servirá, casi en su totalidad, para mantener los 150 y diez empleos que, respectivamente, tienen cada uno de estos programas.

El portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez, ha recordado que las Brigadas Verdes se dedican a labores de "entretenimiento y mantenimiento" de los espacios urbanos y los montes de la ciudad para erradicar los vertederos incontrolados, entre otras tareas. Además, ha precisado que "el 95%" de los 3,6 millones que cuesta su mantenimiento se destina al pago de los sueldos de su personal.

En el caso de las Brigadas Cívicas del Príncipe Alfonso, cuya decena de efectivos se dedica a facilitar la interlocución entre el vecindario y las instituciones, entre otros trabajos, su presupuesto asciende en 2012 a 213.000 euros.

Fuentes del Gobierno local han explicado a Ceutaldia.com que el Ejecutivo ha analizado también esta mañana la forma de "maximizar" la rentabilidad de ambos programas. La FPAV y la Asociación de Vecinos del Príncipe, a las que corresponde velar por el cumplimiento efectivo del trabajo de los contratados, recibirán instrucciones desde la Asamblea para que refuercen sus controles y aseguren que el desembolso de las arcas públicas dé "la mayor rentabilidad social posible".