"Ningún actor en el proceso de adjudicación de viviendas sabe cuál es el proceso de selección, quién lo hace, quién los fiscaliza, cómo se eligen los adjudicatarios, cuándo y dónde se publican las listas, etcétera". Tras leer, entre otras, esa frase en el auto que ha puesto fin a la instrucción del 'caso Emvicesa' y después de negarse a publicar los listados históricos de adjudicatarios de VPO, el diputado de Cs, Javier Varga, ha preguntado este martes al Gobierno en el Pleno qué ha hecho para evitar que se reproduzcan las supuestas conductas criminales que suman 60 investigados.

"Hicimos lo más importante, denunciar, y dejamos que el Juzgado haga su trabajo, que revise, que depure responsabilidades y que paguen quienes hayan cometido algún delito pero no voy a hacer juicios paralelos", ha rebatido a la formación naranja el consejero de Fomento, Néstor García, que ha recordado que las 317 VPO se adjudicaron a través de un sorteo "a personas que las necesitaban".

El miembro del Ejecutivo local ha defendido que siguiente ese "ejemplo" se está "trabajando para que Emvicesa recupere credibilidad" y que el PP también "asumió responsabilidades políticas" con las dimisiones de las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed.

Para Varga, sin embargo, "el caso da muy poco pie para sacar pecho o ponerse medallas, sea achacable a este Gobierno o al anterior". El diputado de Ciudadanos también ha lamentado que la Ciudad cerrase la Comisión de Investigación abierta limitando la acción a la Justicia, por lo que ha querido "dar voz" a que según las diligencias "nadie" alrededor de las VPO "cumplía con su función, ni denunciaba la situación de Emvicesa, ni controlaban los procesos de selección", dando pie a "un ánimo de enriquecimiento a costa de los más desfavorecidos".

El de Ciudadanos ha criticado que "poco ha cambiado" a parte del gerente en Emvicesa desde que, con Antonio López y según el auto de fin de instrucción, "adquirir una casa de VPO pasaba por el pago de dádiva a aquellos que tenían las competencias en su atribución". "El Gobierno aplaza constantemente su responsabilidad, ahora hasta que haya sentencia, pero hoy en día casi todas las promociones de VPO de los últimos veinte años están bajo sospecha", ha concluido.

García ha cerrado el debate sobre la interpelación de Ciudadanos recordando que la última resolución de Lucini puede ser recurrida, que todavía no se conoce la calificación de Fiscalía y que la Administración todavía no ha decidido si ejercitará su derecho a acusar. El consejero también ha resaltado que a los cinco trabajadores de Emvicesa investigados por presuntos delitos se les abrió un expediente informativo que ha quedado en suspenso hasta que se sepa si son condenados o no.