Ciudadanos (Cs) va a intentar obligar al Gobierno de Vivas, como ya consiguió en 2016, a renunciar a parte de los objetivos que se ha propuesto con el primer expediente de modificación del Presupuesto de la Ciudad de este año. La formación naranja exige en sus alegaciones al mismo que el Ejecutivo "cumpla la Ley" y destine el remanente de Tesorería del ejercicio pasado, que supone unos 4 millones de euros, a los bancos, a reducir la deuda viva de la Administración.

Según Javier Varga, "el informe del Interventor de la Ciudad señala la obligación establecida de destinar este remanente a reducir el endeudamiento net pero este no es el caso". Desde su punto de vista es un error de bulto que los técnicos contemplen que el superávit presupuestario puede ir "a atender las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, contabilizadas en la cuenta 413 y al abono de obligaciones pendientes que estuvieren reconocidas en el presupuesto”.

"Esta redacción", advierte, "no corresponde, en absoluto, con lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y el remanente de Tesorería para gastos generales se destina indebidamente a liquidar obligaciones que no corresponden, en primer lugar a “operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” y, en segundo lugar, a obligaciones que no corresponden al ejercicio anterior, así como a generar nuevo gasto como las sentencias judiciales perdidas, ignorando lo previsto en la norma".

Para Ciudadanos se trata de "un incumplimiento grave" ante el que, si el PP no recula como hace dos años, los de Karima Aomar se reservan "las acciones que estimemos oportunas".

Además, la formación naranja ha repudiado la "opacidad absoluta" de un expediente en el que "no consta la relación de facturas con fechas e importes que se supone van a liquidarse; ni la justificación de las nuevas subvenciones, ni las nuevas transferencias que se realizan a empresas y organismos municipales, condiciones en las que es imposible valorar la oportunidad del gasto que se presenta".

Cs también alerta de defectos técnicos como falta de firma digital en algún documento, cifras globales que "no cuadran" hasta en más de medio millón de euros, bajas y suplementos de créditos sin soporte documental y cambios en el Plan de Inversiones "sin explicación". "Particularmente oscuro es el suplemento de 1,4 millones de euros que se dice destinar a gastos de Personal", estima Ciudadanos, que tampoco ve suficientemente aclarado el apartado de gastos protocolarios y dietas de desplazamiento que se ponen a disposición de políticos y altos cargos.