Ciudadanos planteará al Gobierno en el Pleno de Control que se celebrará el próximo martes una interpelación en la que repasa la gestión realizada con los monitores de natación, que no duda en calificar de “mala” y le preguntará de hecho, “¿en cuánto valora el Gobierno el sobrecoste que esta situación ocasionada por su mala gestión supone para los ceutíes?”.

Y es que tal y como repasa Ciudadanos en el texto de su interpelación, la última vez que se adjudicó el servicio fue 2010. Desde entonces no ha habido ninguna licitación que terminara de forma exitosa con un adjudicatario, por lo que la empresa que ganó aquel concurso, la polémica Arasti Barca, ha seguido prestando el servicio sin contrato que lo soporte y ha acabado cobrando mediante la socorrida fórmula de reconocimientos extrajudiciales de deuda.

Por eso, Ciudadanos pone el foco en su interpelación también en “¿cómo piensa el Gobierno dar solución a la irregular situación en la que se encuentra el servicio de monitores y socorristas de natación?”.

A los de Javier Varga les preocupa que la gestión del servicio termine por “convertirse en una pesada herencia” que el Gobierno traspasará al siguiente que llegue la próxima legislatura. “Una gestión, tan caótica como cara, que no son capaces de sacar de la dinámica en la que ustedes mismos la han situado”, reza el texto interpelativo.

“Desde julio de 2011, la entonces adjudicataria continúa prestando el servicio de monitores y socorristas de natación sin ningún contrato que lo soporte. Desde entonces, la incertidumbre para los trabajadores y para la propia empresa, es total”, recuerda Ciudadanos en su pregunta.

Así, Ciudadanos repasa que desde que Arasti Barca se alzara con la adjudicación en el año 2010, se han producido un mínimo de 4 licitaciones sin que ninguna haya llegado a buen puerto. “Todas ellas han sido anuladas por ustedes mismos en razón de ‘causas imputables a la administración’. Una más, la última, tampoco ha concluido en un contrato al terminar declarándose desierta”, puntualiza Ciudadanos.

Y como suele suceder en este tipo de gestiones, la situación acaba repercutiendo en las arcas públicas. “Desde 2011, se ha pagado a la empresa mediante sonados reconocimientos extrajudiciales de deuda que superaban el millón y medio de euros”, apunta Ciudadanos.

Los naranjas, no entran en que parte de esos reconocimientos extrajudiciales de deuda se vieron en el centro de la polémica, con informes que complicaban el pago salidos de la propia Intervención municipal y denuncias de otros grupos de la oposición que cuestionaban que todos los servicios que quería cobrar Arasti Barca se hubieran prestado realmente. Pero sí recuerdan que “hace un año” la situación tuvo un nuevo giro de tuerca cuando “tras el cierre definitivo del Complejo Díaz Flor, el Gobierno de la Ciudad instó a la empresa a reducir su plantilla proponiendo el despido de casi la mitad de los trabajadores”.

Ciudadanos acusa al Gobierno de prolongar “en el tiempo una situación completamente irregular que está ocasionando perjuicio a todas las partes, que supone un alto coste para la Ciudad y que no están siendo capaces de resolver”.