Era una de las medidas sobre la mesa  para intentar resolver el colapso de la frontera del Tarajal y la avalancha de porteadores: revisar, adaptándolo a la nueva realidad demográfica de la provincia de Tetuán, la excepción al acuerdo de Schengen que permite la exención de visado a los tetuaníes para acceder a territorio de Ceuta. Una propuesta ambiciosa que, según ha podido saber Ceuta al Día, finalmente se queda en un cajón.

Desde el Ministerio del Interior, con el consenso sobre el terreno de delegación de Gobierno apuestan por una medida menos ambiciosa y que puede tener similares efectos: la distribución de un máximo de 2.500 tarjetas de identificación biométrica para los habilitados para el porteo. Una propuesta con un efecto limitado para reducir el tránsito diario que según los cálculos roza las 30.000 personas diarias pero más fácil de tener en vigor a corto y medio plazo, algo inviable si se quisiera adaptar la excepción del acuerdo Schengen, que requeriría el consenso unánime de los estados miembros de la Unión Europea para revisar unos de sus tratados clave.

Una revisión que pretendía adaptar esa excepción a la realidad demográfica actual en la provincia de Tetuán. El 23 de julio de 1993 el Gobierno dio el visto bueno definitivo al 'Instrumento de Ratificación del Protocolo de Adhesión de España al Acuerdo de Schengen'[1], en el que se añadió una declaración relativa a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla según la cual “seguirá aplicándose el régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo entre Ceuta y Melilla y las provincias marroquíes de Tetuán y Nador.” Una exención de visado válida únicamente para los pequeños territorios extrapeninsulares de Ceuta y Melilla, y cuyos únicos beneficiarios son los residentes en la 'wilayas' (provincias) de Tetuán y Nador.

La singularidad de los Estatutos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y su también singular encaje en la Unión Europea, quedando fuera del Espacio Schengen y la Unión Aduanera pese a ser frontera terrestre, para poder mantener las bonificaciones y ayudas por su extra-peninsularidad, prohibidas por las estrictas leyes de competencia de Bruselas. Un encaje a la medida de Ceuta y Melilla que incluía una nota al margen que sirve de partida de nacimiento de esta “especie endémica” en el mercado laboral europeo, el trabajador transfronterizo extracomunitario: la Excepción al Acuerdo de Schengen que permite a los súbditos marroquíes de las provincias de Tetuán y Nador acceder sin necesidad de visado a las ciudades autónomas aunque (en teoría) no puedan pernoctar.

Una excepción cuyo escenario ha cambiado mucho en los últimos años con el crecimiento de la población marroquí, especialmente en el Norte que ha recibido gran parte de las migraciones interiores. La población marroquí en 1990, 4 años después de la adhesión del Reino de España  al convenio de aplicación del Acuerdo Schengen,  era de 24,9 millones, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2],  alcanzando unos 35,3 millones habitantes en 2016[3], según datos del Grupo Banco Mundial. La población crece a un ritmo de 1,054% y caerá bajo la barra del 1% en 2020 por una tasa de crecimiento negativa en el medio rural en este momento.