El informe del Observatorio de Fronteras Migreurop denunciaba, entre otras lagunas y presuntas irregularidades en la gestión de la inmigración irregular en las dos ciudades autónomas, que la oficina para la gestión de las solicitudes de protección internacional y asilo a migrantes abierta en la frontera del Tarajal es inoperante pues en los 16 meses que han transcurrido desde su apertura no ha atendido a ni un solo refugiado. Una inoperancia que obedece, según MIGREUROP, a que los migrantes, especialmente los subsaharianos, no pueden cruzar el paso fronterizo al carecer de pasaporte, por lo que llegar hasta la oficina de asilo es una quimera. Algo que, ha zanjado el delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull, “no es un problema del Gobierno español”.

“En cualquier caso –valoró Cucurull- las oficinas de asilo están ahí, al Gobierno de España se le criticaba porque no existía ahora se le critica porque existe y no se hace uso de ella y si se hiciera uso también se criticaría porque el objetivo final es poner en cuestión toda la política”. El delegado quiso subrayar España ha cumplido con su parte de responsabilidad. “Esas oficinas están a disposición de quien las quiera usar y si no se puede acceder a las mismas no es un problema del Gobierno español”

Informe MIGREUROP El delegado del del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull, respondía así a las críticas del Informe ‘Ceuta y Melilla, centros de selección a cielo abierto’ elaborado por las oenegés AMDH Nador, APDHA, La Cimade, GADEM y Migreurop & SOS Racismo. Un informe que, a juicio de Cucurull, “que tiene un objetivo claro: dejar en mal lugar l apolítica que está llevando el Estado en materias de inmigración irregular” y que “en muchos casos no responde a la verdad, en otros casos se hacen afirmaciones que no tienen u soporte serio”. Y pone como ejemplo la denuncia del informe que asegura que se cumplen los protocolos de detección de víctimas de trata para no provocar un efecto llamada ya que su protección conllevaría el traslado a la península de las migrantes denunciantes. “Eso es rigurosamente falso, en el CETI existen equipos específicos que se dedican a ese cometido, de ahí pueden deducir lo demás”, ha rebatido Cucurull apelando a la falta de credibilidad del informe.

“Creo que es un informe dirigido a criticar la política del Gobierno español en este campo, están en su derecho, pero creo que tenemos una política sólida, respaldada por nuestra normativa”, insistió el delegado reprochando además algunas “afirmaciones peligrosas como que aquí hay no hay independencia judicial y se ampara a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que están haciendo su labor en nuestro perímetro fronterizo”.

Acusaciones que en algunos casos, como el de calificar al CETI de “limbo jurídico” son “excesos literarios” a juicio del delegado, y en otros, como el de denunciar la “impunidad” de la Guardia Civil wn el perímetro son un “exceso” a secas, “que las oenegés autoras del informe deberían corregir”, avisó Cucurull.

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