La Delegación del Gobierno ha interpretado este jueves en un comunicado a los medios las sentencias del TSJA a favor de su posición (y la de la Asociación de Promotores) y contra la modificación de la Ordenanza de Habitabilidad promovida por el Ejecutivo de Vivas y Caballas con el fin de dar agua y luz legalmente a los habitantes de viviendas fuera de ordenación como un 'se lo dije': "La Administración General del Estado ya advirtió que la Ciudad invadía una competencia estatal", ha remarcado.

"El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", ha resumido la institución de la Plaza de los Reyes, "ha estimado de manera favorable el recurso que interpuso la Delegación del Gobierno contra el artículo 15 de la Ordenanza Reguladora de la concesión de las cédulas de habitabilidad que aprobó la Ciudad Autónoma en Sesión Plenaria".

"La posición de la Delegación del Gobierno", ha recordado, "fue muy criticada por alguna formación política que incluso profirió insultos y descalificaciones como consecuencia del recurso planteado". A juicio de los de González Pérez "el fallo dictado ahora avala las tesis del Gobierno de España, dejando en entredicho a aquellos que emplean determinados argumentos para intentar dañar, a costa de lo que sea, el crédito y la solvencia de esta institución, que vela por la legalidad de las decisiones que se adoptan con el único objetivo de proteger los derechos de todos los ciudadanos".

"Tras la sentencia dictada que considera nulo el referido artículo cuya competencia solo corresponde al Estado, la Justicia corrige una situación que no se ajustaba a derecho", se ha congratulado la Delegación.

UPyD: "Es vergonzoso"

En una nota de prensa, el Consejo Territorial de UPyD en Ceuta ha valorado los veredictos como la prueba de que "es vergonzoso que un Gobierno elegido democráticamente se salte la Ley a sabiendas de ello afectando, además, al resto de la ciudadanía que paga sus impuestos".

"El Gobierno de Vivas ha demostrado una vez más la desvergüenza de muchas sus decisiones normativizando y prometiendo cosas ilegales o imposibles, prueba una vez más del único objetivo que persigue de autoperpetuarse en el poder a través del clientelismo en busca exclusiva de votantes", ha lamentado la formación magenta.

Para los de Julián Domínguez "prometer cosas ilegales y ejecutarlas mediante normas es tomar decisiones ilegales a sabiendas de que se hace, algo que está tipificado en el Código Penal, y utilizar a las familias necesitadas y en umbrales de pobreza para ello es peor aún".

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