Los diputados Néstor García, Rabea Mohamed y Mohamed Alí se querellan por injurias en redes sociales


Los diputados Néstor García, Rabea Mohamed y Mohamed Alí se querellan por injurias en redes sociales

- De momento piden una fianza de 9.000 euros (3.000 por denunciante) para las personas o persona que esté detrás de dos mensajes en Facebook en los que les atribuye una prevaricación con viviendas de protección oficial

- El primero de los mensajes que se hizo viral apareció por primera vez en un grupo que cuenta con cerca de 8.000 seguidores

- Los denunciantes creen que los mensajes además de ser calumnioso e injurioso son "propios de un odio irrefrenable"

Tres diputados de la Asamblea de Ceuta, dos miembros del Gobierno y uno de la oposición han interpuesto este viernes una querella por injurias y calumnias por un mensaje que ha corrido como la pólvora desde hace semanas en una popular red social y dentro de un populoso grupo dentro de la misma. Los denunciantes son la consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, el consejero de Fomento, Néstor García y el portavoz de Caballas, Mohamed Alí.

El mensaje en cuestión que señalan como calumnioso e injurioso contra sus personas apareció en el foro ‘Ceuta Segunda Mano compra, venta, trabajos, se regala y información de todo’, firmado por el pseudónimo ‘Camino al paraíso’ y les señalaba con nombres y apellidos:

“Estos tres sinvergüenzas se han repartido viviendas entre familiares y amigos. De aquí que dijeran siempre que la lista era ‘fantasma’. Mohamed Alí, ha metido a su hermana y a un hermano de su amigo. La señora Rabea ha metido a sus dos hermanos y a una prima. El señor Néstor, a su vez, al hermano de su mujer. Estos son los tres sinvergüenzas”.

La querella va además de contra el firmante de este mensaje también contra el que aparece en la red social Facebook como Alejandro Fernández Cantero. Pero en un principio no amplia la denuncia contra quienes contribuyeron a hacer viral el mensaje compartiendo el mensaje en sus muros personales, como es el caso de Sumahia Abdelah Mohamed, cuya participación en la viralidad aparece reseñada en la querella, como la de Simón Medina Farache.

En el caso de Alejandro Fernández Cantero le persigue por hacer suya la idea principal y participar en el relato aportando lo que los demandantes consideran nuevas injurias y calumnias. Su mensaje:

“Grande Alí, se queda con casas del sorteo de Loma Colmenar para sus familiares, le da a su hijo otra casa del sorteo de la promoción del Sarchal. La verdad parecemos gilipollas…”.

Cuanto menos en el caso de Alejandro lo que hay es evidente desinformación, dado que en el Sarchal no se sorteó ninguna vivienda.

En la demanda que el propio Alí ha compartido en redes sociales, los querellantes cree que es “imposible aventurarse a calcular la enorme difusión que este delictivo mensaje haya podido tener (por el primero de todos), pero si es claro que es masiva en el ámbito local toda vez que este perfil de Facebook tiene 7.869 seguidores, que por su propia denominación, no es aventurado prever que mayoritariamente son personas que residen en Ceuta”.

Si Facebook colabora la difusión y el número de personas a las que realmente les haya llegado el mensaje se podrá determinar con una exactitud bastante aproximada dado que ese aspecto, la recopilación de la actividad de los usuarios para su uso publicitario, es precisamente uno de los puntos fuertes sobre los que la red social ha construido un negocio multimillonario.

Y aunque tendrán que esperar a las indigaciones policiales para saber quién se esconde detrás de lo que en apariencia son pseudónimos, los tres parlamentarios ceutíes creen, y así lo reflejan en la querella, que “el ánimo calumnioso es patente en los textos publicados, propio de un odio irrefrenable que lleva a los querellados a publicar compulsivamente”.

Una vez identificados los autores personales que se esconden detrás de esos avatares en Facebook, los querellantes piden al juzgado que les obligue a depositar una fianza por responsabilidad civil de 9.000 euros (3.000 por querellante) y en caso de que no puedan aportarlos, piden que les embarguen sus bienes.