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El MDyC insiste en ligar las bonificaciones fiscales a la renta y no a la calle en la que se viva

El MDyC insiste en ligar las bonificaciones fiscales a la renta y no a la calle en la que se viva
Hamed, este martes, en el Pleno.
Hamed, este martes, en el Pleno.  

El MDyC ha recuperado este martes en el Pleno una propuesta que ya sometió a la consideración de la Corporación el diputado de Ciudadanos hace algo más de dos años, que las bonificaciones fiscales en el 'recibo único' de Acemsa y otros no vayan ligadas, como ahora, a la categoría fiscal de la calle de residencia, sino "a la capacidad económica y el número de integrantes de cada unidad familiar".

Fatima Hamed también ha defendido que debería haber más ayudas para colectivos como el de discapacitados y establecer un consumo mínimo 'vital' a salvo de presión fiscal. Además, la portavoz del Ejecutivo local ha denunciado que el IBI es en Ceuta "uno de los más injustos de todo el país" y que al no cambiar el sistema de gestión "pese a la existencia de informes técnicos que aseguran que no tendría coste" se "incumple" el príncipio "constitucional" que exige que cada ciudadano aporte a las arcas públicas en función de su renta, no de dónde vive.

El Grupo Popular ha vuelto a apoyar la iniciativa de la formación verde, como en 2016 hizo con Ciudadanos, pero la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, se ha posicionado "totalmente en contra" de que hasta ahora no se haya actuado "por la inacción del Gobierno".

De hecho, el propio Ejecutivo presentó en el verano de 2017 una propuesta para modificar el régimen vigente de bonificaciones en el ‘recibo único’ e introducir la renta familiar como criterio básico en lugar de la categoría fiscal de la calle de residencia y por excluir de rebajas a aquellas con ingresos superiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en  532,51 euros al mes.

Ese sistema de bonificaciones, que según Chandiramani obligaría a cambiar radicalmente la forma de operar de Servicios Tributarios y es algo que se quiere hacer con "consenso" político, "incorporaría criterios de justicia tributaria y de redistribución de la renta, principios estos de cuya inexistencia adolece nuestra Ordenanza Fiscal”, según los Populares, que no creen que este reto pueda completarse en lo queda de legislatura.

A propuesta de Caballas se ha aprobado someter también a la consideración del grupo de trabajo que se constituya para revisar el esqueleto tributario de la Ciudad y corregir las "disfunciones" que presenta el actual callejero fiscal en zonas como Loma Colmenar, según ha expuesto Ali.

Sistema vigente

Desde 1998, las tasas que en la actualidad integran el ‘recibo único del agua’ cuentan con un escalado tarifario que tiene en cuenta la ubicación de las viviendas en función de la categoría fiscal de la calle o vía donde se ubica, resultando que las tarifas aprobadas para las calles de categoría A se van reduciendo porcentualmente: un 20% en las de categoría B; un 30% en las C; un 40% en las D y un 50% en las de nivel fiscal E.

El Pleno de la Asamblea acordó en 2012 a propuesta de Caballas aplicar a las viviendas ubicadas en las vías de categoría C, D y E bonificaciones del 50%, el 75% y el 95%, respectivamente, sin tener en cuenta tampoco la capacidad económica del obligado tributario.

El mecanismo resultante, que cuesta a la Ciudad 2,4 millones de euros al año, es 'sencillo' pero 'injusto', ya que según el Gobierno da pie a “una casuística muy diversa de supuestos en los que el sujeto pasivo carece de recursos económicos y no puede acceder a esta bonificación mientras obligados tributarios con gran capacidad económica gozan de esta ventaja fiscal”.

El sistema actual beneficia al 61,40% de las unidades familiares. El que promueve la Consejería de Hacienda, referenciado directamente a la capacidad económica de las mismas, alcanzaría al 46,3% de las familias, siendo el mayor porcentaje “el de aquellas unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM (28,9%)”, 7.455 obligados tributarios en términos absolutos que solo pagarían un 15% de la tarifa. A continuación se beneficiarían de rebajas (62% menos) 2.333 usuarios cuyos ingresos oscilan entre una y 1,5 veces el IPREM, y 2.558 obligados con hasta 2 veces el IPREM (-34%). Mayores de 65 años y familias numerosas pagarían un 50%.

Para implementarlo se propuso crear un censo de unidades familiares cuyos ingresos no superen el doble del IPREM. Una vez creado y diseñado, de forma que fuese “vivo y actualizable mensualmente”, los ciudadanos incluidos en el gozarían de las bonificaciones en el factor fijo de disponibilidad en distintos porcentajes: 85%, 62% y 34%.