Expertos juristas especializados a nivel nacional en casos ligados a contaminación acústica y la respuesta que las instituciones dan a las denuncias presentadas por tal motivo encuentran "identidad de razón" entre el caso de la plaza Alcalde Ricardo Muñoz por el que el Juzgado de Instrucción número 4 ha imputado los presuntos delitos de prevaricación y contaminación acústica al consejero de Fomento y secretario general del PP ceutí, Juan Manuel Doncel, y el que conllevó una condena del Supremo a 18 meses de cárcel y 8 de inhabilitación en 2006 para el ex alcalde de Villarreal, Manuel Vilanova.

Dicha sentencia de referencia, firmada por el prestigioso magistrado Martín Pallín, partió de supuestos "muy parecidos" a los de proceso que se sigue en Ceuta y por el que también están imputados el ex titular de Fomento José Antonio Rodríguez Gómez, una técnico de ese departamento y dos empresarios hosteleros: delito medioambiental, ruidos procedentes de una actividad, denuncias reiteradas de vecinos colindantes y asociaciones, impasibilidad de la Corporación Municipal, continua dejación de funciones y omisión de medidas, realidad del ruido acreditada "por la propia secuencia de los hechos y la inconsistencia de los argumentos evasivos, basados en que no consta las características de los sonómetros utilizados en más de treinta ocasiones", "inactividad dolosa del Alcalde", "reiteración de actividades ruidosas por parte de la empresa a cuyo representante se acusa" y "delitos continuados de prevaricación mediambiental y delito contra el medioambiente".

Según estas mismas fuentes en ambos casos la Administración competente eludió que "el control de la contaminación acústica por parte de las administraciones es una consecuencia inmediata de la competencia que éstos tienen atribuida por el art. 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) sobre protección del medio ambiente, en relación con el art. 26.1.d)".

En el caso de Vilanova el Supremo entendió que "la conducta del Alcalde integra una decisión, por acción y por omisión o dejación de sus funciones que, de forma deliberada, se sitúa al lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos sabiendo a ciencia cierta que actuaba y vulneraba la legalidad que regulaba la emisión de ruidos". "Conoció, asimismo, los informes negativos sobre las emisiones ruidosas, contemplando impasible como se incumplían las propias decisiones sobre aislamiento realizada por la Consejería Autonómica y el propio servicio técnico del Ayuntamiento", entendió el Alto Tribunal.

El Juzgado ceutí ha imputado a Doncel los presuntos delitos de prevaricación por acción y omisión y contaminación acústica después de que la acusación advirtiese de que siguió concediendo licencias municipales para la apertura de terrazas en la plaza Ricardo Muñoz pese a los informes policiales que acreditaban la existencia de ruidos por encima de los límites permitidos y al elevadísimo ("más de 150", según las fuentes consultadas) denuncias vecinales registradas por ese motivo.

Vilanova, también del PP, dimitió de su cargo en enero de 2007  para no dar "la falsa imagen del político aferrado a su cargo contra viento y marea" después de que el Supremo considerase probado que había actuado "del lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo que actuaba y vulneraba la legalidad que regula la emisión de ruidos".

La sentencia del Supremo sobre el caso de Villareal, íntegra

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