El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la financiación de las prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la financiación de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

En el primer caso, se trata de la distribución por comunidades autónomas del Fondo Social Extraordinario dotado con 300 millones de euros aprobado el pasado 17 marzo, del que Ceuta percibirá 1.499.000 euros para “garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad”. Los criterios de reparto a las CCAA están basados en el número de habitantes, la dispersión de la población  y el envejecimiento. El objetivo es reforzar sus políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. “Nos referimos a personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales entre otros”, precisan.

El Fondo Social Extraordinario financiará proyectos y contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de prestaciones como reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario, incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de tele asistencia domiciliaria, reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar. adquirir medios de prevención o ampliar las plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales.

“En cualquier caso, el Fondo Social se puede utilizar para cualquier política que las comunidades autónomas consideren imprescindible y urgente para atender a las personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis”, matiza el Gobierno de la Nación en un comunicado.El presidente Vivas ha señalado este martes en su comparecencia la particular situación de Ceuta y Melilla, que deberán destinar alrededor de 65 por ciento de este presupuesto a la atención a personas migrantes, especialmente a menores extranjeros en situación de calle.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado también un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la financiación de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos.

El reparto, acordado en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, de un total de 25 millones de euros, estará  destinado a ayudas que garanticen el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad y que en el caso de Ceuta supone 500.000 euros. “Se trata de niños que recibían en sus centros educativos una beca comedor, y que ante el cierre de los mismos, se encuentran desprovistos de esta comida esencial”, especifica el acuerdo. Una labor que ya lleva a cabo la Ciudad en colaboración con el Banco de Alimentos.

Las ayudas podrán consistir en transferencias económicas directas o la prestación directa de distribución de alimentos. Serán beneficiarias las familias con alumnado desde educación infantil hasta secundaria a quienes las comunidades autónomas o los servicios sociales municipales hayan concedido becas o ayudas para el comedor escolar durante el presente curso académico. Las ayudas se prolongarán mientras permanezcan clausurados los centros educativos, sin perjuicio de su revisión en función de la duración de esta circunstancia.