COMPARECENCIA

“El que firme las certificaciones de TRAGSA que se vaya atando los machos”

“El que firme las certificaciones de TRAGSA que se vaya atando los machos”
Juan Vivas y Juan Luis Aróstegui minutos antes del inicio del pleno de controlXXL
Juan Vivas y Juan Luis Aróstegui minutos antes del inicio del pleno de controlXXL  

“El que firme las certificaciones de TRAGSA que se vaya atando los machos”, ha advertido el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui en relación a las dudas que ofrecen los costes de personal de las encomiendas de gestión. “Los servicios técnicos no van a firmar ninguna certificación que no esté en regla”, ha garantizado el ex consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira en su turno de réplica en un largo y denso debate sobre la legalidad e idoneidad de las encomiendas a TRAGSA. Una legalidad sobre la que PSOE y Caballas tienen serias dudas, especialmente en el caso de las contrataciones y los costes.

TRAGSA, el holding público de empresas especializadas en la prestación de servicios de emergencia, acciones en beneficio del desarrollo rural y de la conservación de la naturaleza ha copado la sesión de control. A las dos interpelaciones que ha rebatido el ahora ex consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, se le ha sumado su comparecencia extraordinaria -solicitada por PSOE y Caballas- para aclarar las dudas que rodean a las encomiendas de gestión para la infinidad de proyectos encargados a TRAGSA. Un debate que debía resolver la polémica pero que se ha quedado en un cruce de reproches mutuos sin que ni unos ni otros se hayan dado por satisfechos.

Carreira, consejero de Festejos en la actualidad pero responsable de la Consejería de Medio Ambiente hasta hace apenas dos semanas -y por tanto de las encomiendas a TRAGSA- ha reiterado una vez más la legalidad e idoneidad de esta fórmula, que, subraya, cuenta con todos los avales. Y ha defendido la necesidad y la legalidad de complementar los servicios de limpieza que presta TRACE con las encomiendas a TRAGSA a tenor de que la Ley impide una nueva ampliación del contrato de limpieza viaria pero sí está contemplada la posibilidad “puntual” de trabajos complementarios.

Una legalidad que no encaja a juicio de PSOE y Caballas, que exigen que se aclaren las zonas oscuras en cuanto a la duplicidad con servicios que ya se están prestando y pagando, la selección del personal y en el precio estipulado en el pago del servicio y del personal contratado.

COSTE DEL PERSONAL

Es en este punto, el coste del personal contratado, donde no salen las cuentas y saltan las alarmas: Según los datos que maneja la coalición Caballas, el coste de la mano de obra es de 3.500 euros por operario al mes, salario que no viene estipulado como sí sucede con las tarifas de servicio y que el consejero Emilio Carreira ha atribuido a la necesidad de ajustarse con el convenio colectivo del sector. Una explicación que ha desmontado Juan Luis Aróstegui, portavoz de la coalición con dos argumentos: por un lado recuerda que el convenio del sector de limpieza aplicado a los operarios de TRAGSA es de 3.000 euros. ¿Y la diferencia? Alguien tiene que explicarlo porque los números no cuadran”, ha señalado Aróstegui. Punto que no ha podido responder el consejero que ha mostrado su extrañeza ante el dato y, aunque ha mostrado su absoluta confianza en los técnicos, admite que pueden haber cometido un error. “Si ha habido un error hay que corregirlo porque TRAGSA no puede tener beneficios en los costes de personal”, ha admitido Carreira.

“El que firme las certificaciones de TRAGSA que se vaya atando los machos”, ha advertido Aróstegui en relación a las dudas que ofrecen, por ejemplo, los costes de personal. “Los servicios técnicos no van a firmar ninguna certificación que no esté en regla”, ha garantizado Carreira en su turno de réplica.

Un margen de beneficio que no encaja tampoco, a juicio de Caballas, en lo referente a la elección de TRAGSA frente a otras alternativas, también instrumentos propios, como Obimace, las Brigadas Verdes o incluso el Plan de Empleo Juvenil. Con este último ha comparado Aróstegui los pros y contras de uno y de otro, señalando que el Plan de Empleo Juvenil, que también servía de complemento a TRACE, suponía una inversión de 1,7 millones de euros durante un  año con un aplantilla de 95 trabajadores

BENEFICIO DE LAS SUBCONTRATAS

El otro punto de fricción entre Gobierno y PSOE y Caballas en torno a la rentabilidad de las encomiendas de TRASA pasa por el beneficio que extrae la empresa pública de la posibilidad que le reserva la Ley para subcontratar hasta el 49 por ciento de las encomiendas.  Beneficio que no vuelve a la ciudad, pese a ser una empresa pública como sugieren desde la oposición, sino que se lleva TRAGSA. Por ejemplo, señalaba Aróstegui, el más prolijo en datos, en el caso de los trabajos de limpieza vertical, encomendada por 127.000 euros, TRAGSA lo ha subcontratado licitando por 85.000, cuando los medios propios que aporta (argumento para licitar a la baja) suman apenas 12.000 euros. “Nos están tomando el pelo”, se escandalizaba Aróstegui, que sugiere que este supuesto debería estar fijado en la encomienda.

Pero Carreira no ve contradicción. El beneficio se lo lleva TRAGSA porque “así es como se financia”. Y pone un ejemplo cercano. En el caso de las obras encomendadas a PROCESA, sociedad pública municipal, el beneficio se lo llevaba la Ciudad. “¿Y quién financia a PROCESA?”, interrogaba Carreira, que ha insistido en que tanto en las tarifas, fijadas por Ley, como en la selección de personal, TRAGSA actúa como en cualquier otro rincón de España donde se contraten sus servicios y con el aval de la Intervención del Estado.

CONTRATACIÓNDEL PERSONAL

El tercer gran interrogante sobre la contratación de la empresa pública pasa por el método de contratación, que ya hizo correr ríos de tinta. El líder del PSOE, Manuel Hernández ha reprochado que, tratándose de un medio público, como presume el Gobierno, se ha incumplid la legislación al no darse la deuda publicidad a la oferta de empleo. Una oferta de empleo que se resolvió en un abrir y cerrar de ojos: el21 de junio se comunicaba la encomienda y el 1 de julio ya estaban trabajando.

 

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Una contratación que, insistió Carreira, que no difiere de las que habitualmente hace la empresa en otras encomiendas y la legislación da a TRAGSA, como holding público, la capacidad de seleccionar el personal con “independencia técnica, agilidad y objetividad”.

Carreira insistió durante toda su comparecencia no solo en la legalidad de las encomiendas sino también en la idoneidad de esta herramienta como “medio propio” al tratarse de una empresa pública, permitiendo a la Administración pública emprender proyectos sin someterse a procesos de licitación que tienden a “envenenarse” con recursos, que dilatan los plazos y entorpecen la consecución de las obras.

DUPLICIDAD

Admite también el ya ex responsable de Medio Ambiente que ya existe un contrato de limpieza viaria pero recordó que –obligado por la crisis- hubo de recortarse seriamente con la licitación de “un contrato menor que el de Urbaser por lo que debo de agradecer a la plantilla que hagan lo mismo con menos medios”. Un contrato de limpieza que ya amplió en un 10 por ciento, el máximo legal permitido, lo que impide seguir dotándolo de más medios, pero si se le permite encomendar “trabajos puntuales” que sean “complementarios” y en zonas que quedan fuera del alcance de TRACE como el caos de la frontera –que el contrato de limpieza viaria contempla como una calle más- o la limpieza vertical.

Explicaciones que siguen sin convencer a la oposición, que recuerdan que las encomiendas a TRAGSA van más allá de la limpieza y “se le encomienda cualquier cosa”, reprochaba Manuel Hernández. “Que se lo explique su compañero José María Mas, que le encargaban de todo a TRAGSA cuando estaba en Delegación. ¿O es que plantaban tomates en la frontera?”, ironizo el consejero en respuesta a la acusación de los socialistas. “Qué mal le trata su compañero si no le ha avisado de que ellos también lo hacían?”. Una ironía que sentó muy mal en la bancada socialista –que no deja pasar una a Carreira tras su encontronazo con su compañera, la diputada Nuria Miaja-.

Juan Vivas y Juan Luis Aróstegui minutos antes del inicio del pleno de controlLos socialistas recordaron insistentemente al Gobierno las muchas opiniones en contra que encuentra esta fórmula de contratación pública, incluidos los peros del Colegio de Arquitectos al entender que es una “competencia desleal”, digna de estudio por el Tribunal de la Competencia de la Unión Europea.

Un turno de réplica que cerró el consejero Emilio Carreira blandiendo uno a uno los documentos que avalan la tramitación, desde el informe de necesidad, la memoria justificativa, el informe jurídico, el de Intervención, “sin una sola objeción” y el definitivo, la encomienda de gestión.

La queja de Ciudadanos

Al margen del debate sobre el papel de TRAGSA, el portavoz de Ciudadanos hizo un punto y aparte para expresar su queja formal al no haber sido invitado a sumarse a la petición de la comparecencia extraordinaria de Carreira, a la que atribuyó “intereses partidistas” e hizo “coparticipe” al líder del PSOE, Manuel Hernández, de las palabras de Caballas, con quien compartió rueda de prensa.