NUEVA VERSIÓN

La Consejería de Fomento arguye ahora un "error formal" para no tirar la torre del Príncipe

La Consejería de Fomento arguye ahora un "error formal" para no tirar la torre del Príncipe
Imgen de la torre de siete plantas del Príncipe.
Imgen de la torre de siete plantas del Príncipe.  

En lo que va de año desde el Gobierno se ha apuntado delante y detrás de las cámaras a que se esperaba orden judicial, a que Tragsa y la Policía estaban perfilando la demolición, a que el 'rascacielos' había sido ocupado y habría que desalojarlo antes, a que el miedo es libre y comprensible y a que la ejecución de la encomienda sería muy complicada. Ahora dice a 'El Faro' que ha confundido el "número de parcela".


La Consejería de Fomento no deja de encontrar argumentos para justificar por qué tira la torre de siete plantas del Príncipe sin dejar de presumir de su supuesta mano de hierro en materia de disciplina urbanística. El pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, aseguró no tener novedades y prometió que se exploraría el estado de la cuestión del 'rascacielos', paradigma de la impotencia contra el ladrillo ilegal que levanta quien no es un cualquiera. Este medio se interesó por el resultado de esas pesquisas sin respuesta alguna.

Este domingo, el diario 'El Faro' informa de que el departamento que dirige Néstor García argüye que se ha dado cuenta ahora de que hay "un error formal en el expediente" pues "el número de parcela [teóricamente, con referencia catastral 8134058TE8783S0001AU] sobre la que se sitúa esta obra ilegal está mal reseñado".

En marzo el Gobierno dijo a este medio que esperaba orden judicial para tirar el edificio. En mayo, cuando se acristaló el ático, que Tragsa y la Policía ya preparaban la demolición. En junio, fuera de micrófonos, fuentes del Ejecutivo y de la empresa pública coincidían en que, una vez habitado, haría falta desalojar a sus vecinos para empezar a echarlo abajo. A finales de ese mismo mes, en rueda de prensa, Hachuel negaba que hubiese residentes, al menos estables, aunque el movimiento de persianas que puede apreciar cualquiera que frecuente la zona apunta lo contrario.

Entre que si el miedo es libre y comprensible y que si sería extremadamente 'complicado' desmontar semejante mole casi pieza a pieza, tal y como se ha levantado sin que la Administración haya sido capaz de evitarlo, ahora se ha llegado, según la versión transmitida al diario decano, a que habrá que dar por perdidos al menos seis meses para corregir el desliz "formal". No es el primero, aunque otros se han corregido sobre la marcha, por ejemplo cuando se referenció su ubicación sobre el Poblado "Marinero" en vez de "Legionario" o cuando se designó como director facultativo de la encomienda de demolición a un empleado de la Ciudad "cuando esta dirección está atribuida a uno externo".

Mientras, la criatura va cumpliendo años, tres en agosto. En pleno verano de 2015 la Policía Local denunció por primera vez la ejecución de obras ilegales enfrente del Poblado Legionario. Hubo profusión de Decretos a cual más inútil, como demostró la evolución imparable y creciente del edificio, que durante los últimos meses ha visto cómo se acristalaba su ático mientras parte del vecindario ya daba por hecho que, a casa hecha, no faltarían inquilinos.

La Ciudad no ha sido capaz de acreditar al promotor o dueño del edificio aunque este, dicen, ha hecho sus gestiones en la Asamblea para defender la obra. Su devenir histórico es la crónica de la impotencia de una Administración: en enero de 2016 el Gobierno decidió dar cuenta los hechos a la Fiscalía pero en marzo las obras seguían avanzado pese a las medidas cautelares ordenadas, incluso por el Juzgado de Instrucción número 1.  “Ha sido precintada en varias ocasiones, rompiéndose el precinto en cuestión y retomando los trabajos en la zona”, alertaron los agentes. En agosto, el Juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa.

En octubre, la Consejería mandó  la “inmediata” suspensión o paralización “de las obras que ilegalmente se están ejecutando” en la ‘torre’ del Príncipe Alfonso y cifró el presupuesto de demolición de las mismas en 36.464,85 euros para proceder a su ejecución en el plazo de noventa días. Ante la “situación de la situación de grave peligro para las personas generada por la referida obra no legalizable” y “al objeto de proteger la seguridad e integridad física de las mismas” se ordenaron varias medidas cautelares más como proteger el inmueble con una red de poliamida “en todas y cada una de las fachadas del edificio”; la ejecución de una fábrica de bloque de hormigón en el acerado “para impedir el paso de los peatones bajo la vertical de la fachada principal a la calle Central” y la instalación de barandillas “en la planta séptima y castillete, ya que se encuentran sin carpintería”.

Todo ello tenía que acometerse en no más de quince días. A la Policía Local se encargó “vigilancia continuada de las mencionadas obras para garantizar la total interrupción de la actividad hasta tanto se proceda a la completa demolición de lo indebidamente ejecutado”. El pasado 14 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, en el auto 502/2017, autorizó la entrada en la obra "para llevar a cabo la forzosa ejecución de demolición". Dicha entrada deberá llevarse a efecto en el plazo de seis meses a partir de la comunicación de la resolución. En marzo de este mismo año, la Policía Local volvió a constatar que seguía la actividad ilegal. Después se ocupó.

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