El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Néstor García, ha afirmado este martes en el Pleno que el aparcamiento previsto en Pozo Rayo con 70 plazas se acondicionará "este año" y que su ejecución está ligada al desarrollo de un plan de asfaltado que, a su vez, está sometido a que las obras de ampliación de la Carretera Nueva propicien la instalación, aunque sea temporal, de una planta de pavimento en la ciudad autónoma.

El Ejecutivo local aspira, de esta forma, a satisfacer las demandas de la comunidad universitaria realizando un proyecto que, según ha recordado el portavoz de Caballas, debía acometer la empresa encargada de acondicionar el entorno del antiguo Acuartelamiento del Teniente Ruiz, que no lo hizo porque OBIMACE se negó a salir del solar ubicado al otro lado de la calle.

Mohamed Ali ha preguntado a García si no se van a depurar responsabilidades por lo sucedido pero el consejero ha considerado que no es nada "salvaje" que dentro de una adjudicación con un presupuesto superior a un millón de euros no se hiciese una parte valorada en "unos 70.000 euros". "A usted lo que le molesta es que vayamos a hacer los aparcamientos", ha espetado el titular de Fomento al líder del segundo grupo de la oposición.

El proyecto de obras de reordenación y adecuación del entorno del Campus Universitario de Ceuta se adjudicó a Dragados por algo más de 1,3 millones de euros y su contrato se formalizó en enero de 2015 con un plazo de ejecución de cuatro meses. El 20 de mayo del año pasado la Dirección Técnica Facultativa emitió un acta de paralización temporal y parcial de las obras “supeditada a la disponibilidad definitiva de los terrenos” ubicados al otro lado de la calle Pozo Rayo, solar de titularidad pública ocupado por Obimace. El resto de las obras se ejecutaron “adecuadamente”, según informes de los técnicos municipales, “habiendo concluido las mismas el 23 de julio”.

No se realizó, sin embargo, el aparcamiento, que a finales de octubre seguía sin poderse acondicionar porque no se había producido el “desalojo” de Obimace, “lo que hace imposible la ejecución de los trabajos contratados por parte de la empresa adjudicataria, no habiéndose recibido resolución alguna por parte de la Ciudad que acuerde el levantamiento de la suspensión para dar continuidad a las mismas”, según los dictámenes oficiales.

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