La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) de Ceuta ha alertado este martes de que el Gobierno de Rajoy "ha decidido comenzar una privatización gradual de la actividad en las prisiones, cediendo a las empresas privadas de seguridad la vigilancia perimetral" y ha denunciado que "primero se manipula la oferta de empleo público, no cubriendo las necesidades de los centros públicos con el argumento de falta de dinero, para a continuación decir que sí hay dinero para contratar empresas privadas que cubran esas necesidades".

"Después", ha diseccionado el sindicato la estrategia del Ejecutivo del PP, "se establece un marco legal que cubra la operación: el pasado viernes, el Ministro del Interior presentó ante el Consejo de Ministros un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada".

A juicio de FSC-CCOO, esta norma "transformará en legal el inicio de la privatización de los centros penitenciarios", ya que "en el propio texto figura expresamente como nuevo servicio de las empresas privadas de seguridad, la vigilancia perimetral de las prisiones".

Para los de Emilio Postigo "estas iniciativas no solo están suponiendo la destrucción de todo lo público, sino que también está poniendo en riesgo alguno de los rasgos del carácter progresista y democrático de nuestro modelo social".

El sistema penitenciario tiene como fin primordial la reeducación y la reinserción social y es un ámbito donde es posible la acción de la justicia así como los derechos de la población penitenciaria, pero según Comisiones esto "no es factible, en un ambiente en que lo prioritario es que la empresa privada gane dinero."

"Esto conduce a escatimar personal, material y métodos integradores, lo que imposibilita contar con las condiciones mínimas que garanticen los derechos de los internos y un modelo penitenciario de reinserción", ha criticado la central en una nota de prensa que ha concluido recordando que "el modelo penitenciario actual solamente es posible como un servicio público desarrollado por empleadas y empleados públicos" y que "con esta privatización de Instituciones penitenciarias no sólo se ataca a lo público, sino que se está poniendo en riesgo un sistema penitenciario progresista e integrador".