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El Gobierno estudia dar “estabilidad” a las Brigadas Verdes “en una empresa pública o privada”

El Gobierno estudia dar “estabilidad” a las Brigadas Verdes “en una empresa pública o privada”
Kissy Chandiramani
Kissy Chandiramani  
Chandiramani niega que el proyecto, con 154 trabajadores, funcione sin “transparencia”, pero no aclara cómo se cubrirá la vacante de gerente. Hamed denuncia que ya se han detectado irregularidades y Ali afirma que Intervención tiene dudas sobre la justificación de la FPAV de unos 100.000 euros de gasto.

La consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kissy Chandiramani, ha asegurado este jueves en el Pleno que el Ejecutivo local quiere que las Brigadas Verdes que ahora gestiona la FPAV entre un sinfín de polémicas con una subvención pública de 3,5 millones “tengan futuro”. Para ello ha pedido propuestas “para seguir con la FPAV, en una empresa privada, en una sociedad municipal... Habrá que ver cuál es la mejor y cuál protege mejor los derechos de los trabajadores”, ha apuntado la miembro del Ejecutivo local en sus respuestas a las interpelaciones que sobre ese proyecto han formulado los portavoces del MdyC y Caballas.

La titular de Fomento ha empezado negando a Fatima Hamed, la categoría de “única garante” del dinero público y ha asegurado que las Brigadas Verdes, por cuya gestión ha interpelado al Gobierno la diputada localista, no pecan de “falta de transparencia”. “Si cree que hay alguna malversación o robo vaya al Juzgado y yo iré con usted, pero tiene la costumbre de embarullar para destruir todo aquello que creemos que puede funcionar bien”, ha afeado la consejera, que ha incidido en que durante los últimos diez años se han efectuado auditorías “trimestrales” por parte de la Intervención de la Ciudad sobre “en qué ha gastado cada céntimo” la FPAV. Cada año se hace también un análisis externo y el Tribunal de Cuentas efectúa su propio repaso de las subvenciones municipales.

“Pase cuando quiera por la Consejería o por Intervención y solicite, como hizo Vox, copia del expediente de justificación de la subvención, no intente destruir este proyecto”, ha indicado Chandiramani, que se ha comprometido a dar cuenta “en la Comisión Informativa” de las respuestas pertinentes a las dudas de la oposición.

Las Brigadas cuentan con 154 trabajadores “por las que este Gobierno va a seguir velando”. “Aquí no hay ningún tejemaneje, ni del Ejecutivo ni de ningún partido porque si lo conociera iría al Juzgado”, ha hilvanado la titular de Medio Ambiente en su respuesta a Hamed, que pidió explicaciones sobre por qué la FPAV ha anulado ofertas de empleo, si el nuevo gerente lo van a elegir a dedo el PP y el PSOE, por qué la Federación “abusa” de los cheques al portador en sus pagos...

La portavoz del Movimiento ha establecido una relación directa entre el 'caso Emvicesa' y el “runrún” que dice que existe en la calle sobre las Brigadas Verdes. “No tengo 'miedito'' y si algo se hace mal habrá que corregirlo pero tergiversa la realidad cuando dice que todo está mal en una subvención que en un 95% se destina a nóminas y seguros sociales”, ha rebatido la consejera.

A continuación, en contestación a Mohamed Ali, Chandiramani ha insistido en que no ha tenido “ninguna conversación” sobre la contratación de personal alguno con García Segado, que aseguró a este medio que la propia consejera, el director general y Juan Gutiérrez (PSOE) decidirían si habría concurso público para elegir nuevo gerente.

Nóminas y dinero sin justificar

La miembro del Ejecutivo no ha aclarado si, como ha afirmado el portavoz de Caballas, la Intervención de la Ciudad no solo tiene “serias dudas” de que se puedan pagar las nóminas de las Brigadas de aquí a fin de año, sino también de sus reparos a aproximadamente 100.000 euros de gastos y a la forma en la que, en función de si hay una Junta Directiva u otra, se compra el material a un proveedor u otro “sin criterio objetivo”.

Ali también ha advertido al Gobierno de que ya se están celebrando asambleas “con hasta 70 trabajadores” que se han mostrado por unanimidad a favor de “pedir formalmente dejar de depender de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos”.

“El motivo es que ya ha habido dificultades para cobrar las nóminas, pero usted está negando el problema: yo creo en ese proyecto, en sus bondades de origen, y en que sería injusto que esas 154 personas se queden en la calle”, ha razonado el localista, que ha reclamado del Gobierno “una solución definitiva”.