COMERCIO Y EMPLEO

El Gobierno de Rajoy atisba más riesgos que ventajas claras en una posible integración en la Unión Aduanera

El Gobierno de Rajoy atisba más riesgos que ventajas claras en una posible integración en la Unión Aduanera
El Gobierno de Rajoy no ve clara la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera.
El Gobierno de Rajoy no ve clara la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera.  

El Gobierno central no lo ve claro. Salvador de la Encina y otros cinco diputados del PSOE le han preguntado si ha previsto solicitar a la Comisión Europea la inclusión de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la UE; si considera que ello facilitaría "el comercio regular y legal con Marruecos”; y si entiende que se generaría "más riqueza y más empleo”.

Su respuesta apunta que, a priori, se atisban más riesgos que beneficios ciertos. “Las ciudades autónomas ya tienen la consideración de territorios francos con inexistencia de derechos arancelarios ni restricciones al comercio de importación-exportación de mercancías, por lo que establecer zonas francas dentro del territorio aduanero”, estima el Ejecutivo de Rajoy, “no supondría ‘per se’ un cambio que pudiera facilitar el comercio con Marruecos y podría afectar, en aplicación a la normativa aduanera comunitaria, a los intercambios comerciales entre ambas y la Península”.

El Gobierno del PP recuerda en su argumentación, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceutaldia.com, que Ceuta y Melilla “gozan de un régimen especial establecido en el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas”. En el mismo documento quedó recogido que las ciudades autónomas podrían, “a petición de España” y “previa consulta al Parlamento europeo”, si el Consejo de Europa lo aprueba, integrarse en la Unión Aduanera “y definir las medidas apropiadas para extender a ellas las disposiciones vigentes del Derecho comunitario”.

En ese marco, el Gobierno advierte de que “su integración implica la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países”.

También deberían integrarse “en las políticas comunes de la UE, especialmente en la política comercial común, cuyos instrumentos más importantes los constituyen la aplicación de la legislación aduanera común, los instrumentos de defensa comercial contra prácticas ilícitas o los regímenes de preferencias comerciales”.

“Cabe recordar”, añade el Gobierno central, que en la legislación de 1955 sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las dos ciudades “se declaró a ambas territorio franco a efectos aduaneros y se estableció el principio de libertad comercial en la entrada, salida, tránsito y transbordo de mercancías”.

 

Pasos adelante y atrás

Han pasado ya más de cinco años desde que la Ponencia de estudio sobre las especificidades de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y su situación ante la Unión Europea constituida en las Cortes Generales se pronunció al respecto.

Concluyó que “el estatus de territorio franco” había dejado de ser “el principal soporte de la estructura económica de ambas ciudades” y que “el generalizado desmantelamiento arancelario del entorno aconseja la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera Común, siempre que se mantengan y actualicen el resto de peculiaridades fiscales, y que tal integración no perjudique el mantenimiento de actividades amparadas en la actual condición de territorio franco”.

Por ello se recomendó tramitar una solicitud de integración en la Unión Aduanera “compatible con el REF” y que no perjudicase “las actividades económicas actuales”. En diciembre de 2011, el Pleno se posicionó por unanimidad en esa misma línea pero dos años después, tras reunirse con el actual portavoz del Gobierno central, entonces secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, Vivas decidió congelar cualquier paso en ese sentido hasta no tener la “certeza” de que todos los países darían su visto bueno “sin perder ninguna de nuestras especificidades económicas y fiscales, que no son un privilegio sino un derecho”.