El Consejo de Gobierno de la Ciudad aprobaba este viernes un nuevo decreto reajustando el método de nombramiento de asesores de designación directa, tanto del Ejecutivo como del resto de los grupos,  motivando cada cargo, entendiendo que cumple así con la sentencia condenatoria que le obligó a anular cada designación tras la denuncia de UGT. No lo cree así el sindicato, que prepara una nueva demanda para tumbar de nuevo el nombramiento de 23 asesores.

Ya se está escribiendo un nuevo capítulo en el duelo judicial entre el Gobierno de la Ciudad de Ceuta y UGT por la capacidad de nombrar asesores de designación directa. En el capítulo anterior, en enero de este año, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo anulaba el nombramiento en Consejo de Gobierno de los 23 asesores de designación directa de la Asamblea, quince del Ejecutivo de Vivas y los restantes de los distintos grupos políticos. El tribunal argumentaba que estas personas no pueden suplantar el asesoramiento que puedan realizar funcionarios y ““no puede considerarse que exista una motivación suficiente para la creación de 23 nuevos puestos de personal eventual”.

Una necesidad de motivación a la que se agarró el Gobierno que, el pasado mes de mayo, aprovechando esa rendija aprobada un decreto con los nuevos nombramientos, esta vez con la motivación de los 23 puestos, lo que, aseguraba, cumplía "suficientemente" la sentencia que declaraba nulos esos puestos y no es necesaria su anulación, como reclamaba el sindicato. Un quiebro que, de paso, evitaba cesar y volver a nombrar asesores, lo que dejaría sin actividad al Gobierno y también a los equipos de trabajo de los grupos parlamentarios de la Asamblea, que quedarían sin personal.

Un nuevo decreto al que el Gobierno daba luz verde este viernes pero que, según ha podido saber Ceuta al Día podría tener fecha de caducidad en los tribunales si prospera la nueva demanda que prepara el sindicato, que no da por bueno el quiebro del Gobierno para evitar el cese de los 23 asesores. UGT se ampara en la sentencia de enero del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que estima que las funciones que el Gobierno quiere asignar a los asesores ·solo las pueden desempeñar funcionarios”.

En su sentencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo  advertía que "si los cargos políticos necesitan un asesoramiento especial, lo normal es que confíen en funcionarios públicos nombrados de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, que tienen garantizada su permanencia en el puesto y que ejercen su función de manera objetiva. Lo que les autoriza la ley es a que para la consecución de sus programas de gestión puedan reforzar el asesoramiento que reciben en concretas áreas, y siempre que no pueda ser prestado por los cuerpos de funcionarios que atienden necesidades permanentes de la organización", explicaba.