5.254 DE ESTABILIZACIÓN

El Gobierno de Sánchez incluye casi 34.000 plazas en la oferta de empleo público de este año

El Gobierno de Sánchez incluye casi 34.000 plazas en la oferta de empleo público de este año
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Oferta de Empleo Público para 2019 que sumará un total de 33.793 plazas, 2.949 más (casi un 10%) que la oferta de 2018 y la mayor de los últimos 11 años. Las plazas de la Oferta de Empleo Público son 28.539 más 5.254 correspondientes a estabilización de empleo temporal distribuidas de esta forma:

  • Administración General del Estado: 20.781
  • Fuerzas Armadas: 1.814
  • Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 5.561
  • Estabilización en el ámbito de Justicia: 2.237
  • Estabilización en el ámbito de Educación: 489
  • Estabilización en el ámbito AGE: 2.528 (en 2019 y correspondiente a PGE 2018)
  • Previsiones del efecto del Brexit: 383 (convocadas ya en febrero)

El Gobierno de Sánchez dice querer "atender las demandas y necesidades ciudadanas, mediante el refuerzo de la presencia del Estado en el territorio, allí donde se prestan los servicios directos al ciudadano: Seguridad Social, catastro o servicios de empleo" y reforzar "la dotación de la Administración Periférica del Estado con un total de 15.837 plazas, el 47%".

Atenderá asimismo otras áreas prioritarias como la I+D+i, la lucha contra el fraude fiscal, las instituciones penitenciarias, así como la incorporación de las nuevas tecnologías en la AGE

Los socialistas dicen que siguen "apostando por la prestación de servicios a la ciudadanía, por el empleo público y por un mayor grado de igualdad en la Administración pública y en la sociedad. Garantizar los derechos de los ciudadanos y el refuerzo de las instituciones".

Por primera vez, la OEP se realiza con una metodología plurianual y con una filosofía de “base 0” para 2019, como año inicial de referencia del período de planificación. Se ha analizado tanto el envejecimiento de plantillas como el resultado de los procesos selectivos y se ha realizado la OEP sobre las necesidades previstas a tres años.

Por otro lado, a esta oferta le será de aplicación la eliminación como motivo de exclusión para el acceso al empleo público del diagnóstico de la diabetes, celiaquía, psoriasis o el VIH. Esta medida se adoptó por acuerdo del Consejo de Ministros el 30 de noviembre pasado.

La Administración General del Estado, (personal de los ministerios, excluyendo Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado) cuenta con 135.476 empleados públicos. La edad media de este personal es de prácticamente 52 años (51,9), casi diez años más que la del conjunto de la población activa del país (42,5).

En la pirámide por edad se aprecia la distribución del personal por grupos de años. Destacan dos reducciones: la primera -colectivo de 40 a 49 años- fruto del efecto de la culminación de los procesos de traspaso de personal a las CCAA. La segunda -efectivos entre 30 y 39 años- refleja los efectos de la crisis económica y la reducción de las tasas de oferta de empleo a límites muy por debajo de los niveles que garantizan la reposición de efectivos.

En los últimos 15 años se observa cómo el envejecimiento del personal se va acelerando. Los 46 años de edad media registrados en el año 2004 pasaron a ser 47 en 2008, 49 en 2012 y 52 en 2019.

La primera consecuencia de esta situación afecta a la previsible reducción de efectivos por el impacto de la jubilación. En los próximos diez años (2029) más del 51% del personal -casi 70.000 efectivos- se va a jubilar. En grupos como auxiliar y administrativo estos porcentajes son incluso mayores, alcanzando el 57,3% y 62,6%, respectivamente.

Las cifras dan una idea de la magnitud del problema que hay que afrontar en los próximos años, de manera ineludible, mediante una reposición suficiente de efectivos, jugando un papel esencial las ofertas de empleo público.

El reto no es sólo cuantitativo, porque las necesidades son distintas a las de hace 15 años y las circunstancias han cambiado en la Administración: la descentralización y las nuevas tecnologías adquieren cada vez mayor protagonismo y, por tanto, repercuten en la prestación de los servicios públicos. Con estos aspectos, hay que definir los nuevos recursos humanos en función de los sectores más necesitados y de atención directa a la ciudadanía, a través de la adecuada planificación.