El consejero de Fomento se muestra abiertamente contrario a la postura de la defensa de las ex consejeras Román y Mohamed, que le niegan competencia al órgano, tesis que de prosperar siembra dudas sobre si la Comisión tenía legitimidad para la adjudicación de las 317 VPO y sobre si entonces serían imputados los verdaderamente competentes. Chandiramani y una jurídico de Emvicesa declararán el martes como testigos.

El Ejecutivo de Vivas no quiere ir voluntariamente a por lana y correr el riesgo de salir trasquilado. El consejero de Fomento. Néstor García, ha tildado este jueves de "improcedente" preguntarle por si el Ejecutivo ha decidido ya, tras múltiples y largas reuniones durante toda la semana, si va a encargar a los técnicos de la Ciudad un informe sobre si la Comisión Local de la Vivienda era o no el órgano que tenía la competencia definitiva sobre las casas de Loma Colmenar construidas con fondos del Estado.

El asunto va mucho más allá del futuro procesal de los políticos que figuran como investigados en el 'caso Emvicesa'. La defensa de las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed lleva meses aportando documentación para hacer ver al Juzgado que existe un error de partida en las diligencias crítico, que la Comisión Local no decidía porque las 170 (y las 317) se construyeron con dinero del Estado y, por lo tanto, estaban sometidas a un Acuerdo Marco y a una Comisión Mixta de la que formaban parte cargos del Ministerio, el ex delegado Chacón, Francisco Márquez, el ahora senador Guillermo Martínez y Antonio López.

De consolidarse esa tesis, la macrocausa más grande de la historia judicial de Ceuta se habría sostenido parcialmente (en su rama política, no tanto en la de la 'venta' de viviendas aunque el abogado de López también se aferra a que ha habido un "error inicial que nos arrastra a todos") pero por pura lógica cabe preguntarse si entonces los investigados pasarían a ser por negligencia en su desempeño los políticos referidos, entre ellos un aforado en la Cámara Alta, y si tendría validez la adjudicación de las 317 VPO bajo la fórmula decidia por un órgano sin competencia, un tema con un rosario de contenciosos ya abiertos pero parados en los Juzgados..

Encargar oficialmente un informe técnico no es preguntar sin más sino someterse a sus conclusiones y el Gobierno, al menos una parte, como mínimo Néstor García, no parece partidario de abrir esa baya. "Nosotros con la Comisión Local de la Vivienda vamos a seguir actuando como lo han establecido los técnicos. Que esos temas se planteen ahora a nivel judicial y también político", ha referido tras la petición a Vivas de Mohamed Ali adelantada por 'El Pueblo'para que reclame ese dictamen, "se irá viendo pero cuando yo tuve el protagonismo y el papel de adjudicar las 317 VPO nos remangamos, vimos el procedimiento a seguir asesorados por los técnicos y el protagonismo absoluto fue para la Comisión, que era el órgano que tomaba la decisión final sobre las propuestas que allí se llevaban con el voto de todos los partidos".

Para García "todo lo que sea cambiar ahora mismo esa teoría será cuando lo reconsideren los técnicos. Mientras no digan otra cosa mantenemos esa teoría y no hemos encargado ningún informe de ningún tipo: continuamos trabajando como hasta ahora".

Sea como fuere, la disputa vivirá un capítulo trascendental el próximo martes en sede judicial, por donde pasarán citados como testigos la ex gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, y una jurídica de Emvicesa para aclarar si la Comisión era o no competente y si sabían o no de la existencia de otra regulación y otros órganos superiores para adjudicar esas casas.