La falta de una partida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado socialistas de 2019 para cubrir al 50% los gastos de la parcela de embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar (sobre todo las insinuaciones de que el millón anual que se estima de presupuesto no está soportado documentalmente, "una excusa") y, por encima de todo, la decisión de la Delegación del Gobierno y el SEPE de recuperar la gestión directa de los Planes de Empleo han tensado la cuerda entre las instituciones de Vivas y Mateos.

El portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, no ha escondido este viernes en rueda de prensa el disgusto que ha causado en el Gobierno de Vivas el haberse enterado "por los medios" de ese viraje, un "cambio integral" de modelo de políticas activa de empleo que, a su juicio, exigiría cuando menos "escuchar la opinión de los agentes sociales o de la Administración que ha gestionado los programas y que también maneja fondos europeos y para corporaciones locales con similar objetivo".

"Comunicar" hubiese sido un requisito, entiende el también consejero, "de obligado cumplimiento", un "mínimo de cortesía por lealtad hacia quienes hasta ahora hemos tenido esa responsabilidad". Ante ese proceder "decepcionante" la Ciudad ha optado por pedir a Mateos y su equipo una reunión que presumiblemente tendrá lugar el jueves para "pedir la información que ya se nos debería haber dado y efectuar propuestas de mejora concretas en las que estamos trabajando".

Ninguna afectará al supuesto vicio de usar docentes u otros profesionales para "cubrir puestos estructurales" del Ministerio de Educación o la Administración local, pues Hachuel ha remarcado que "eso no se hace al menos desde hace tres o cuatro años, cuando advertimos que no se podía mantener esa práctica". Si un maestro, ha asumido como máximo, da algún día una clase en horario ordinario es para cubrir una emergencia, no de forma planificada.

"La Delegación solo ha puesto los tiques"

Hachuel ha concretado, sobre la parcela de Loma Colmenar, que su acondicionamiento fue una iniciativa de la Ciudad "que contó con la anuencia del anterior delegado" y que "ha demostrado ser eficaz". "Da solución a un problema fronterizo, exclusivamente fronterizo y, por tanto, de competencia estatal", ha subrayado el miembro del Ejecutivo local, que ha precisado que para ponerla en funcionamiento hubo que invertir casi medio millón de euros.

"No se mandó ningún documento detallando costes pero tampoco se nos pidió aunque, como lo sabemos gracias a los medios, desde esta mañana la delegada ya tiene en su mesa una relación detallada que supera los 1,2 millones", ha explicado el consejero sumado el gasto de las obras inicial y los casi 943.000 euros que importa en costes de "mantenimiento".

Según el consejero "todo eso lo ha sufragado la Ciudad para resolver un problema muy grande y lo dejamos a beneficio de inventario, no hemos pedido a nadie que asuma nada, pero cuando vimos que era la solución y que tendría continuidad hablamos, la palabra vale para algo, que desde 2019 se cofinanciarían los costes entre la Delegación y la Administración local".

"Se habló de un millón de euros y se dio por buena la cifra, incluso sabiendo que el Estado tendría un procedimiento administrativo largo pactamos soportar desde la Ciudad el primer semestre en solitario", ha ejemplificado Hachuel, que ha dado por hecho que si al final el Gobierno central no pone ni un euro será el Ejecutivo local el que hará una modificación presupuestaria para "no perjudicar a la ciudadanía por un malentendido entre Administraciones".

"Hasta este momento la Delegación del Gobierno en lo único que ha colaborado desde el punto de vista material es en poner los tiques que se reparten", ha remachado el titular de Gobernación. "Todo lo demás, la Ciudad Autónoma, y decir ahora que podíamos decir uno o tres millones a mí personalmente me molesta y demuestra muy poca lealtad institucional", ha lamentado.