PGE 2018

Hacienda exigirá "residencia habitual y efectiva" en Ceuta para la deducción del IRPF, que subirá al 60%

Hacienda exigirá "residencia habitual y efectiva" en Ceuta para la deducción del IRPF, que subirá al 60%
Imagen de archivo.
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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 prevé elevar del 50% al 60% la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla con efectos desde 1 de enero de 2018 pero también añadir un adjetivo a la exigencia sobre la residencia para disfrutar de ese beneficio fiscal.


El delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull, ha puesto este miércoles en rueda de prensa de relieve la importancia de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado elaborado por el Ejecutivo de Rajoy incluye entre las medidas recogidas la modificación de los números 1.º y 2.º del apartado 4 del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personasl Físicas (IRPF) con el fin de elevar del 50% al 60% la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla con efectos desde 1 de enero de 2018.

Según ha remarcado, esta medida conllevará de forma directa un incremento de la renta disponible para los trabajadores locales. El Estado deja de ingresar por estas bonificaciones 65 millones cada año en las dos ciudades autónomas. Eximir del 50% en el Impuesto de Sociedades le cuesta 35 millones por ejercicio.

El documento incluirá una matización en los requisitos que se exigen para disfrutar de esa ventaja fiscal en el IRPF, ya que demandará "residencia habitual y efectiva" en las ciudades autónomas, un adjetivo ese último que ahora habrá que "desarrollar reglamentariamente" para aclarar su implementación en medio de la pugna tributaria, admnistrativa y judicial, abierta por los expedientes incoados sobre personas, sobre todo funcionarios, que pagan el 50% de IRPF pero Hacienda entiende que en realidad no viven en la cudad sino solamente trabajan en ella.

Actualmente la legislación dice que los contribuyentes que tengan "su residencia habitual" en Ceuta o Melilla se deducen el 50% de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en las ciudades autónomas.